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El pasado 26 de marzo, el Senado rechazó con 153 votos en contra la iniciativa promovida por Más Madrid para modificar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) e introducir el contrato de alquiler indefinido.
Entre los argumentos esgrimidos para votar en contra, se advirtió que esta medida podría reducir la oferta de viviendas en alquiler y, como consecuencia, encarecer los precios ante la escasez de producto. También se alertó sobre un posible incremento de pisos vacíos, la proliferación de un mercado negro y una caída en las inversiones destinadas al mantenimiento de los inmuebles, lo que aceleraría el deterioro del parque de alquiler.
Desde la Izquierda Confederal, promotora de la iniciativa, que solo logró reunir 14 votos a favor, la senadora y representante de Más Madrid, Carla Antonelli, defendió la propuesta y negó que se asemeje al modelo de renta antigua del franquismo. Según explicó, el contrato no es heredable, permite al propietario recuperar la vivienda en caso de impago o si la necesita para uso propio, y contempla la posibilidad de aumentar el precio del alquiler hasta un 20% si se realizan mejoras en el inmueble.
Los inquilinos ya no podrán permanecer en la vivienda de forma indefinida, por una orden del Senado
Antonelli ha destacado que el alquilerindefinido no va a reducir la oferta, que se aplica en muchos países europeos y que ir en contra es votar a favor de la especulación.
Por el contrario, ha insistido en que las viviendas tienen que ser para vivir y no para especular con un mercado "despiadado" en el que el precio del alquiler ha subido un 30%, los grandes propietarios han aumentado un 20% en última década, hay más de 1 millón de caseros con 3 y 4 casas, más de 200.000 tienen entre 6 y 10 pisos, 40.000 personas tienen más de 10 y 400.000 viviendas están en manos de empresas. "Medio parque inmobiliario son alquileres especulativos", ha agregado.
Los grupos ven la vuelta de la renta antigua franquista
En este contexto, el PSOE cree que la medida supone recuperar los contratosde renta antigua, desincentiva y reduce la oferta, aumenta la vivienda vacía, provoca la fuga a otras formas de alquiler no residencial, eleva los precios a medio plazo por la caída de oferta, perjudica a jóvenes y vulnerables y reduce las inversiones en rehabilitación y recuerda que el 85% del parque está en manos de pequeños propietarios.
Por su parte, el PP señala que copia la ley del 64 de Franco, que fija una prórroga forzosa, es dañina para propietarios e inquilinos, fomenta la especulación, un mercado paralelo y frena las inversiones de los propietarios en la vivienda.
Desde el grupo Mixto, Vox responsabiliza al Gobierno de haber originado este problema con su ley de vivienda. Coincide en que el contrato de alquiler ilimitado retrae la oferta, conduce a un parque inmobiliario envejecido "que acabará derrumbándose", supone un retroceso hacia la legislación franquista con situaciones injustas y rentas congeladas, y representa -según sus palabras- "el último clavo en el ataúd de la escasez de oferta".
El grupo vasco pide que se respeten las competencias de las comunidades, que no se repitan los errores del 64 con una propuesta restrictiva que no da seguridad jurídica a las partes por igual y que retiraría del mercado muchas viviendas.
Desde Bildu piden modificarla para dar más seguridad a los propietarios e igualdad de condiciones ya que creen que será un coladero para aumentar los precios, mientras que ERC la aplaude y la ve como una buena herramienta.
Con información de EFE
