La percepción de una herencia puede modificar de forma determinante el acceso a prestaciones sociales. Así lo confirma una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que respaldó la decisión de la Seguridad Social de retirar el Ingreso Mínimo Vital a una mujer que superó el umbral de patrimonio permitido. El caso expone con claridad los límites legales del sistema de ayudas. La beneficiaria, que había accedido a la prestación en 2020, deberá reintegrar 5169,23 euros tras comprobarse que sus bienes excedían ampliamente los valores fijados por la normativa vigente. La resolución judicial detalla que el patrimonio computable de la mujer alcanzó los 79.119,83 euros, muy por encima del máximo permitido de 43.196,40 euros. Este incremento se produjo tras recibir una herencia que incluía inmuebles y saldos bancarios, elementos que sí se consideran a efectos del cálculo, a diferencia de la vivienda habitual, que queda excluida. El fallo también subraya que la Administración actuó conforme a los procedimientos establecidos. La detección del exceso patrimonial se produjo tras el cruce de datos con la Agencia Tributaria, lo que derivó en la extinción de la ayuda y en la reclamación de las cantidades percibidas de forma indebida durante 2021. El Ingreso Mínimo Vital está diseñado para garantizar un nivel mínimo de ingresos a personas en situación de vulnerabilidad económica. Para acceder a él, no solo se evalúan los ingresos, sino también el patrimonio total del solicitante. La normativa establece límites claros para evitar que personas con recursos suficientes continúen percibiendo la ayuda. Superar ese umbral implica la pérdida automática del derecho, incluso si la situación inicial justificaba la concesión de la prestación. Uno de los puntos centrales del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es la obligación de los beneficiarios de comunicar cualquier cambio relevante en su situación económica. La legislación exige notificar estas variaciones en un plazo de 30 días. La mujer argumentó que la Administración cometió un error al conceder la ayuda. Sin embargo, el tribunal rechazó esta postura al considerar que los datos fiscales solo pueden verificarse con posterioridad, una vez realizada la declaración correspondiente. La sentencia concluye que no existió fallo administrativo, sino una omisión por parte de la beneficiaria. La falta de comunicación de la herencia y la superación objetiva de los límites patrimoniales justificaron tanto la retirada de la prestación como la obligación de devolver las cantidades cobradas.