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El Congreso de los Diputados concluyó semanas de incertidumbre política y ratificó la revalorización de las pensiones aprobada en diciembre. La medida garantiza que el incremento del 2,6%, correspondiente al IPC, se mantendrá vigente durante todo 2026 para más de 10 millones de beneficiarios del sistema.
La decisión se produjo tras el revés parlamentario que experimentó el Gobierno cuando el decreto ómnibus que contenía la actualización fue rechazado el 27 de enero.
El Ejecutivo optó entonces por separar las medidas relacionadas con la Seguridad Social en un nuevo texto que finalmente recibió respaldo mayoritario, con el único voto en contra de Vox.
¿Qué significa la subida aprobada en la práctica?
La reciente actualización del 2,6% confirma una mejora directa en las pensiones contributivas. En términos promedio, la pensión ordinaria se establece en 1552 euros mensuales, lo que equivale a 21.728 euros brutos anuales antes de las respectivas retenciones fiscales. El incremento anual aproximado es de 570 euros por cada pensionista.
Asimismo, el decreto mantiene el incremento del 7% en las pensiones mínimas y del 11,4% en circunstancias específicas, como las pensiones de viudedad que poseen cargas familiares.
Dicho porcentaje también se aplica a las pensiones no contributivas y al ingreso mínimo vital, dado que ambas prestaciones están relacionadas en cuanto a su cuantía.
Adicionalmente, el texto revisa las bases mínimas de cotización con un aumento del 3,1%, alineándose con el salario mínimo y eleva las bases máximas hasta 5.101,20 euros mensuales. Esta medida tiene un impacto significativo tanto en trabajadores activos como en la sostenibilidad financiera del sistema.
Orígenes y consecuencias del bloqueo político
El origen de la controversia radicó en la inclusión de la revalorización dentro de un decreto ómnibus que incorporaba otras medidas sociales, como la prohibición de cortes de suministros básicos y la suspensión de determinados desahucios. La falta de apoyos suficientes llevó al rechazo del texto completo, lo que dejó en suspenso la actualización de las pensiones.
La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió la medida como un “compromiso inquebrantable” con los pensionistas y apeló a la estabilidad del sistema.
Desde Junts per Catalunya, el diputado Josep Maria Cervera responsabilizó al Ejecutivo por no haber tramitado la actualización en un texto independiente desde el inicio.
El Partido Nacionalista Vasco también cuestionó la estrategia legislativa y acusó al Gobierno de utilizar las pensiones como elemento de presión parlamentaria.
Por su parte, el Partido Popular alertó sobre el riesgo de erosionar el consenso del Pacto de Toledo, mientras que Vox puso en duda la viabilidad financiera del sistema a largo plazo. Con la convalidación ya aprobada, el foco político se traslada ahora a la sostenibilidad futura del modelo y a las próximas reformas estructurales que el Ejecutivo deberá negociar en un Parlamento fragmentado.