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La relación entre bancos y clientes vuelve a quedar bajo la lupa. En un contexto marcado por el encarecimiento de la vida, el uso frecuente de financiación y el peso creciente de las tarjetas de crédito, el acceso al dinero prestado ya no se mira solo como una facilidad comercial. También se observa como un riesgo si el consumidor no entiende bien qué está aceptando.
El Gobierno impulsa una reforma del crédito al consumo que afecta de lleno a las entidades financieras. La medida, recogida en el anteproyecto de Ley de contratos de crédito al consumo, establece que los bancos no podrán conceder préstamos ni activar o ampliar tarjetas de crédito si no existe una solicitud previa y un consentimiento expreso del cliente.
La norma busca reforzar la protección de los consumidores ante productos financieros que pueden generar deuda sin una decisión suficientemente clara.
El Gobierno se planta contra los bancos por los créditos no solicitados
El cambio apunta a una práctica concreta: ofrecer o activar financiación sin que el usuario haya pedido de forma clara ese producto. Esto incluye casos como la emisión de una tarjeta de crédito, la apertura de una línea de financiación o el aumento del límite disponible sin una aceptación expresa del titular.
La lógica de la reforma es simple: el crédito debe nacer de una decisión informada del consumidor, no de una acción unilateral de la entidad.
El Ministerio de Economía explica que el anteproyecto regula productos como microcréditos, tarjetas revolving y préstamos rápidos en plataformas digitales, con el objetivo de elevar la protección financiera y evitar el sobreendeudamiento.
Moncloa también situó la medida dentro de una reforma más amplia del crédito al consumo, pensada para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en un mercado que alcanzó los 114.000 millones de euros en noviembre de 2025.
Qué tendrán prohibido hacer los bancos con tarjetas y préstamos
La clave está en la palabra autorización. Con la nueva regulación, los bancos podrán seguir haciendo ofertas comerciales, pero no podrán convertirlas en deuda real sin el paso activo del cliente. Es decir, un crédito preautorizado podrá aparecer como propuesta, pero no podrá concederse si el consumidor no lo acepta de forma previa y explícita.
Esto afecta de manera especial a las tarjetas de crédito y a las tarjetas revolving, productos que pueden generar una sensación de disponibilidad inmediata de dinero, pero que también implican intereses, cuotas y obligaciones de pago. La reforma busca que nadie termine con una línea de crédito activa solo por haber recibido una promoción, una comunicación bancaria o una mejora automática de límite.
Según el análisis normativo del sector, el anteproyecto se aplicará a prestamistas e intermediarios que operen en el mercado de crédito al consumo, con independencia de su naturaleza jurídica.
La medida no elimina la posibilidad de contratar financiación. Lo que cambia es el proceso. El consumidor deberá pedirla o aceptarla de forma verificable. La entidad, por su parte, tendrá que demostrar que hubo información suficiente, evaluación de solvencia y consentimiento. En la práctica, esto obliga a reforzar los canales de contratación, los avisos previos y la trazabilidad de cada operación.
Cuándo entrará en vigor esta medida y qué otros límites incluye la reforma
La reforma todavía se encuentra en tramitación. El proyecto debe superar distintas fases de aprobación antes de quedar incorporado de forma definitiva al marco legal. Hasta que la norma sea aprobada y publicada, conviene hablar de una regulación en proceso, aunque el contenido central ya marca hacia dónde se dirige el nuevo marco financiero.
El paquete también incluye límites al coste del crédito al consumo. El Ministerio de Economía detalla que la TAE máxima se fijará a partir del tipo medio de cada segmento, con márgenes por tramos de importe, y que hasta la entrada en vigor del real decreto se prevé un límite transitorio del 22% para nuevas operaciones.
En el caso de los microcréditos o créditos de alto coste, el texto plantea un interés mensual máximo del 4% y una comisión máxima del 5%, con tope de 30 euros.
Qué cambia para los clientes que reciben ofertas de crédito
Para los clientes, el efecto más directo será una mayor capacidad de control sobre sus productos financieros. Recibir una oferta de préstamo o una mejora de límite en una tarjeta de crédito no debería equivaler a asumir una deuda. La aceptación deberá ser clara, previa y separada de cualquier comunicación comercial confusa.
La reforma también obligará a las entidades a extremar la información previa. El Ministerio de Economía indica que los prestamistas de alto coste deberán ofrecer información reforzada con una antelación mínima de 24 horas, para que el consumidor pueda tomar una decisión plenamente informada.
En un mercado donde la rapidez muchas veces se presenta como ventaja, el nuevo marco introduce una pausa legal: antes de aceptar dinero prestado, el cliente debe saber cuánto cuesta, cómo se devuelve y qué consecuencias tiene no pagarlo.