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La discusión sobre la jornada laboral en España ya no es solo teórica. Tras décadas con un modelo de 40 horas semanales para la mayoría de trabajadores, los cambios promovidos por el Gobierno han hecho que, en la práctica, el empleo público avance hacia una reducción sustancial del tiempo trabajado sin merma salarial.
Este giro ha encendido el debate entre quienes defienden una mejor conciliación laboral y quienes advierten que la norma podría crear desigualdades con el sector privado.
En el centro de esa controversia está la decisión de implantar 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), lo que se traduce en trabajar “un mes y medio menos” al año que un empleado con jornada completa en el sector privado.
Un cambio profundo en la jornada laboral de los funcionarios
La cuenta atrás ha comenzado. El Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública ha activado el procedimiento para implantar la jornada de 35 horas semanales en la AGE, una medida pactada con los sindicatos CCOO y UGT dentro del llamado Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI. Se espera que la medida entre en vigor entre finales de febrero e inicios de marzo de este año, una vez cerrados algunos flecos técnicos.
La diferencia con la jornada del sector privado es significativa. Mientras que un trabajador típico con contrato laboral ordinario sigue realizando 40 horas semanales y 2080 horas al año, el personal público con la nueva regulación alcanzará 1820 horas anuales, lo que significa 260 horas menos de trabajo al año, más de seis semanas completas, o lo que es equivalente, cerca de un mes y medio de jornada laboral “extra” libre.
Sindicatos y administraciones han celebrado el avance, aunque reconocen que aún quedan negociaciones por delante y que la medida es solo una parte de las reformas pendientes en el empleo público.
El debate sobre la igualdad de condiciones con el sector privado
Que los funcionarios trabajen menos horas que el resto de los empleados ha generado polémica. La medida en la AGE se da en un contexto donde el sector privado todavía opera en su mayoría con jornadas de 40 horas semanales, y las propuestas para reducir el máximo legal de trabajo en España a 37,5 horas para todos los trabajadores han tenido un avance político pero todavía requieren aprobación parlamentaria para ser obligatorias.
El Gobierno de coalición planteó en 2025 un proyecto de ley para rebajar la jornada legal de 40 a 37,5 horas a nivel nacional sin reducción de sueldo, con el objetivo de ofrecer un mejor equilibrio entre trabajo y vida personal y adaptarse a tendencias europeas. Ese proyecto fue aprobado por el Consejo de Ministros y enviado al Parlamento, aunque aún debe superar el proceso legislativo antes de convertirse en ley.
En este escenario, los empleados públicos podrían gozar antes y de manera más amplia de una jornada reducida que sus homólogos en el sector privado. Para muchos trabajadores fuera del sector estatal, esto plantea preguntas sobre equidad, competitividad y justicia laboral, especialmente en un mercado donde la productividad por hora trabajada y la calidad del empleo son temas recurrentes en la agenda pública.
Más allá de las horas: conciliación y productividad
Para los sindicatos, la introducción de 35 horas es un triunfo histórico que responde a años de reivindicaciones. Más de 125.000 mujeres que trabajan en la Administración General del Estado verán directamente beneficiada su jornada, ya que representan más de la mitad del personal que se verá afectado por la reforma.
Esta reducción no solo tiene un efecto cuantitativo en términos de horas, sino cualitativo en la vida cotidiana de miles de empleados, favoreciendo la conciliación de la vida laboral y personal, un aspecto que organizaciones sindicales han defendido como clave para la salud y bienestar de los trabajadores.
Sin embargo, sectores empresariales y algunos analistas advierten que este tipo de medidas deben ir acompañadas de mejoras en la productividad y la organización del trabajo, para evitar que se conviertan en una carga para la economía o creen disparidades estructurales que repercutan en la competitividad de España frente a otros países europeos.
El rumbo de las reformas laborales en España
El debate sobre la jornada laboral redefine no solo el día a día de los funcionarios, sino todo el tejido laboral español. La propuesta de 37,5 horas semanales generales, aunque todavía en discusión parlamentaria, refleja una tendencia más amplia hacia la revisión de modelos de trabajo que han permanecido casi inalterados desde 1983.
Mientras algunos sectores abogan por avanzar hacia esquemas incluso más flexibles, como semanas de cuatro días o nuevos incentivos de productividad, la realidad actual marca un punto de inflexión: los trabajadores del Estado verán reducidas sus horas de trabajo sin perder salario antes que muchos de sus colegas en el sector privado.
Ese adelanto puede convertirse en una norma a seguir, o en un detonante de nuevas reformas para equilibrar condiciones laborales en todos los sectores. La respuesta dependerá tanto del pulso político en el Parlamento como de cómo evolucionen las negociaciones entre sindicatos, Gobierno y representantes empresariales en los próximos meses.
