Duro golpe

Ferrovial abandona España: la empresa busca "mayor seguridad jurídica" y el Gobierno plantea su enojo

La constructora busca en Ámsterdam mayor seguridad jurídica y afianzar sus negocios internacionales.

Comienzo de semana horribilis para el Gobierno español. De repente las malas noticias le estallaron en la cara. Algunas se veían venir, pero la que hoy puso de los nervios a Pedro Sánchez, y a sus ministros del área económica y de trabajo, cayó por sorpresa. Empecemos por lo previsible. 

La inflación de febrero siguió su tendencia alcista iniciada en enero. En una España un poco más pobre cada mes, el IPC sube al 6,1%, mientras las hipotecas se encarecen un 50%. Solo en el último año, el euríbor (índice de referencia que indica el tipo de interés promedio al que los bancos prestan dinero) aumentó 3,87 puntos, la escalada más abrupta en sus 24 años de historia. Datos económicos que llegan en medio de un pulso entre el Ejecutivo y los empresarios, que se sienten injustamente castigados por las críticas de los principales cargos del Gobierno, que les afean a los hombres de negocios la negativa a sentarse a negociar aumentos de salarios mientras las grandes empresas lucen en sus balances fuertes ganancias.

Y en esas estábamos cuando Ferrovial, una de las constructoras de infraestructuras más emblemáticas de España, anuncia por sorpresa que someterá a la aprobación de los accionistas el traslado de la matriz del grupo a Ámsterdam, mudanza que le permitirá cotizar en la bolsa de los Países Bajos - mucho más poderosa que el parqué español - y solicitar el ingreso en Wall Street, ya que el 93% de sus activos internacionales se encuentran en Estados Unidos, como también las más apetecibles fuentes de financiación.

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Con todo, y consciente del impacto que provocaría su decisión de fuerte calado estratégico, Ferrovial buscó poner paños fríos aclarando que el cambio no tendrá ningún impacto en el negocio, la estrategia, los planes de inversión, la organización o la operativa diaria.

La decisión de abandonar el país que la vio nacer en 1952, y convertirse en uno de los mayores jugadores en el negocio de las infraestructuras, obedece a distintos factores. Se podría afirmar que el primero obedece precisamente a su tamaño: el 82% de la facturación de la empresa proviene de fuera de las fronteras de España. El mismo origen tiene poco más del 90% de su valor. Si bien su management es enteramente español, sabe que el crecimiento de Ferrovial está en los mercados internacionales, sobre todo en el estadounidense donde ya es un actor de peso.

Otra de las razones esgrimidas por la constructora fundada por Rafael del Pino y Moreno, a quien sucedió su hijo Rafael del Pino Calvo-Sotelo, actual presidente ejecutivo de la compañía, es el "marco jurídico estable" que ofrecen los Países Bajos. Argumento que como se verá "enfureció" a la Administración Sánchez.

En el plano tributario el traslado de la sede social a Ámsterdam le beneficia porque le permitirá bonificar todos los dividendos que repatríe desde filiales extranjeras, cuando en España esa bonificación está en el 95%. Traducida en billetes, analistas del Sabadell calculan que se está hablando de un ahorro de impuestos por unos 40 millones de euros. Sin duda, estamos hablando de un impacto fiscal muy limitado. Así las cosas, la mayor parte de los impuestos que paga Ferrovial en España corresponden a su actividad en el país, actividad que hoy por hoy es minoritaria.

El enojo del Gobierno español

La fuerte indignación del Ejecutivo está fundamentada en que la empresa debe su crecimiento a los jugosos contratos con el Estado. El descargo vino a través de las llamadas telefónicas que se sucedieron en una mañana frenética. El fuego lo abrió la vicepresidenta económica Nadia Calviño para expresarle a Rafael del Pino "su claro rechazo a esta decisión". La economista, de talante moderado, recordó que España le dio todo a Ferrovial. "Es una decisión que va contra el interés y la imagen de nuestro país", afirmó.

En sintonía con su jefa, funcionarios de Economía no entienden que Ferrovial haya argumentado que en los Países Bajos existe una mayor seguridad jurídica justo en un año en que la inversión extranjera en España aumentó un 50%. "Es paradójico que se anuncie esta posible decisión en un momento de importante atracción de inversión extranjera y confianza de los inversores y empresas extranjeras en nuestro país, y con un proceso de inversión pública y modernización sin precedentes en marcha en los sectores en que está presente el grupo Ferrovial", declararon a El País.

Mucho más dura se mostró la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Tenemos que trabajar en una Europa en la que el dumping fiscal no exista. Ferrovial creció al albur de enormes contratos con la administración pública. Le pido compromiso con nuestro país. Pido a los accionistas que reconsideren esta decisión, y espero que desde el Ministerio de Economía se adopten las medidas que sean para evitar que esto se produzca. Esto no es ser español. Ser español es defender la permanencia en tu país. Esto no es compromiso con nuestro país. Muchos españoles estarán atónitos. En momentos de necesidad, las empresas tienen que ser ejemplares", disparó la principal representante de Unidas Podemos en el Gobierno.

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Al tiempo que los representantes gubernamentales gritan su enojo, en el Partido Popular se frotan las manos por la nueva oportunidad de caerle al Gobierno con la misma dureza que éste lo hizo con Ferrovial. Tanto la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, como el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquertty, hicieron saber que respetan la decisión de la compañía. Paso seguido, señalaron al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez como responsable de esta marcha al haber creado inseguridad jurídica por el impuesto a las grandes fortunas.

También para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el impuesto a las grandes fortunas fue el detonante. "La salida de Ferrovial de España confirma que Sánchez prefiere una España sin empresas antes que dar marcha atrás en su política fiscal, que nos va a arruinar", escribió Ayuso en su cuenta de Twitter.

Concluyamos en que mientras Ferrovial hace su negocio con la intención de lograr una mayor expansión internacional cuando España ya le comenzaba a quedar chica, y el Partido Popular hace el suyo en su estrategia de desgaste al Gobierno en un año electoral, a la coalición gobernante le toca la parte más ingrata: pagar la factura, que además es ajena

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