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El pasado 6 de marzo, De Telegraaf —el diario de mayor circulación de los Países Bajos, con más de un millón de lectores diarios— publicó una investigación sobre las prácticas de la Agencia Tributaria española contra jubilados holandeses residentes en España. El artículo recoge el testimonio de varios afectados y las declaraciones del abogado internacional Robert Amsterdam, quien dice haber acumulado ya 500 expedientes similares contra Hacienda.
La historia no tardó en circular entre los cerca de 14.500 jubilados holandeses con pensión neerlandesa que viven en España, un colectivo que en 2023 pagó colectivamente 151 millones de euros en contribuciones al sistema de salud neerlandés, además de tributar como residentes españoles.
“He recopilado casos en muchos países a lo largo de mi carrera, pero nunca he visto uno donde los inspectores fiscales operen tan al margen de la ley como en España. El comportamiento rapaz no tiene límites”, declaró Amsterdam al periódico holandés.
Reclamaciones retroactivas de Hacienda a jubilados extranjeros en España
El patrón que describe Amsterdam se repite en los casos documentados por De Telegraaf: jubilados con pensiones que, según los tratados fiscales bilaterales entre los Países Bajos y España, tributan en el país de origen y no aquí. Esa distinción, que debería protegerlos, se convierte en el punto de partida del conflicto cuando los inspectores locales la cuestionan o la ignoran, acumulando sanciones sobre notificaciones enviadas a domicilios erróneos, sin que los afectados lleguen siquiera a enterarse hasta que la deuda ya es impagable.
Gerard Span se jubiló anticipadamente del ejército neerlandés a los 46 años y se instaló con su mujer Michelle en Chiclana de la Frontera, en Andalucía, donde su pensión -denominada en holandés wachtgeld- tributaba en los Países Bajos conforme al convenio de doble imposición. En 2017 un inspector se presentó en su domicilio: la Agencia Tributaria había estado enviando notificaciones a dos direcciones donde el matrimonio nunca había vivido y, al no recibir respuesta, fue acumulando sanciones hasta convertir una reclamación inicial de 7000 euros en una deuda de 20.000. “Amenazaron con embargar nuestra casa si no pagábamos”, relató Michelle Span-Van Dorp al diario holandés.
Dos infartos en siete años de litigio contra la Agencia Tributaria
La disputa se prolongó siete años, durante los cuales Gerard sufrió dos infartos que su mujer atribuye directamente al estrés del proceso. “De eso responsabilizo a Hacienda”, afirmó. El matrimonio ganó finalmente el caso, aunque sin restitución posible del coste en salud y tiempo.
Herman Kooke, de 67 años, se mudó en 2020 a la región de Burgos y recibió poco después una liquidación de miles de euros que no esperaba. “Se me nubló la vista”, declaró al mismo medio. La Agencia Tributaria rechazó todas las acusaciones y las calificó de campaña de difamación, sin facilitar datos sobre el número de procedimientos abiertos ni sobre los importes reclamados.
El miedo a Hacienda entre los jubilados holandeses en España
La investigación de De Telegraaf circuló rápidamente entre las comunidades de expatriados holandeses en la costa y el interior, donde el miedo a Hacienda se ha convertido en un tema recurrente. Uno de los afectados consultados por el periódico lo resumió sin dar su nombre: “Todo el mundo en España le tiene miedo a Hacienda.”