El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes un nuevo real decreto-ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de este año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional.
En esa ocasión la moratoria de los desahucios, que afecta a unas 60.000 familias, iba incluida en un decreto “ómnibus” con otras muchas medidas, entre ellas la revalorazación de las pensiones, comunicó EFE.
Por su parte, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz ha confiado en que el gobierno pueda sacar adelante el nuevo decreto en el Congreso con “diálogo”.
“En todo momento diálogo, antes, en el desarrollo de las medidas, y después, para que alcancen los consensos necesarios y que vean la luz medidas que son buenas y que suponen un avance de derechos y protección de los más vulnerables”, ha afirmado.
¿Qué medidas incluye el decreto?
El nuevo decreto ‘antidesahucios’ que ha aprobado hoy el Gobierno, ya no incluye la revalorización de las pensiones, aunque sí las otras medidas del llamado “escudo social”, como la moratoria del corte de suministros a las familias vulnerables y del bono social eléctrico.
También incluye los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la dana y por los incendios forestales del pasado verano, así como la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y entidades locales en 2026.
Elma Saiz ha señalado que estas se articularán mediante suplementos de crédito por valor de más de 3000 millones euros -en el caso de las comunidades autónomas- y de cerca de 3800 millones para las entidades locales (idénticas a las de 2025).
¿Cómo afecta esta medida a los propietarios?
Esta nueva medida no se aplicará en aquellos casos en los que el arrendador sea propietario de una o dos viviendas. También como novedad, en el caso de los propietarios de tres o más viviendas “no se ejecutará el desahucio, cuando haya contrato previo y el propietario no sea vulnerable”, ha explicado Elma Saiz.
Según fuentes del Ministerio de Vivienda, el nuevo decreto también refuerza las compensaciones para las personas propietarias, como pedían el PNV y Junts.
Desde Vivienda señalan que el decreto “blinda a las personas vulnerables ante eventuales desahucios en viviendas pertenecientes a fondos buitre o grandes tenedores”.
Los propietarios de una o dos viviendas -una en la que viva y otra que alquile- o los dueños en situación de vulnerabilidad no se verán afectados por esta prórroga y corresponderá a los servicios sociales competentes la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para la familia afectada.
La protección a los pequeños propietarios era una exigencia del PNV y Junts para respaldar la convalidación de este decreto en el Congreso, donde fue derogado el pasado 29 de enero por falta de apoyos.