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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, llamó a los partidos a apoyar la convalidación de la subida salarial destinada a empleados públicos con el objetivo de enviar “un mensaje de estabilidad y certidumbre”.
La propuesta contempla incrementos del 2,5 % en 2025 y del 1,5 % en 2026 para los 3,5 millones de trabajadores del sector público.
Durante el debate en el Congreso, el ministro insistió en que los funcionarios “merecen buenas condiciones” y defendió que el acuerdo responde a un marco negociado con los principales sindicatos estatales.
El posicionamiento del Partido Popular sigue siendo una incógnita. Aunque el diputado popular Ángel Ibáñez criticó el proceso de negociación por considerarlo “tarde, mal y sin diálogo”, también reiteró el compromiso de su formación con la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos.
Este matiz abre la puerta a un eventual apoyo o abstención que facilitaría la aprobación de la norma, que ya cuenta con el respaldo de los socios habituales del Gobierno. Vox, por su parte, expresó su rechazo al mecanismo planteado y acusó al Ejecutivo de actuar con “incertidumbre e improvisación”.
¿Qué implica el incremento salarial planteado para 2025 y 2026?
La propuesta gubernamental prevé que la subida del 2,5% correspondiente a 2025 se haga efectiva este mismo mes para los 540.000 empleados del sector público estatal, junto con los atrasos acumulados desde enero.
Para 2026, el aumento del 1,5% podría incorporar un 0,5% adicional si la variación del IPC de ese año alcanza o supera el 1,5%. Con este esquema, el Ejecutivo pretende asegurar una evolución salarial que acompañe la inflación y contribuya a fortalecer el poder adquisitivo del personal público.
El ministro López recordó que estos incrementos forman parte de un acuerdo marco firmado con UGT, CCOO y CSIF, que prevé una subida total del 11 % entre 2025 y 2028. El plan incluye un 4,5 % adicional en 2027 y un 2 % en 2028.
Según defendió ante el Congreso, este proceso se enmarca en una apuesta por un sector público más robusto y mejor remunerado, al que considera clave para sostener el estado del bienestar.
Sin embargo, no todas las voces quedaron conformes. BNG y EH Bildu criticaron que en la negociación se excluyera a sindicatos territoriales como ELA, LAB y CIGA, y reclamaron la necesidad de ajustar salarios y subidas a las realidades específicas de cada territorio.
También cuestionaron la homogeneidad del acuerdo y la falta de un diálogo más amplio con actores regionales.
¿Por qué algunos partidos cuestionan el alcance del acuerdo salarial?
Las críticas del PP apuntaron a dos ejes principales: el método y el alcance temporal. Ibáñez sostuvo que el proceso se llevó adelante sin la participación adecuada de las administraciones territoriales y que la decisión llega con retraso.
Además, cuestionó que el acuerdo comprometa políticas retributivas de gobiernos futuros, lo que —según su visión— limita la capacidad de maniobra de próximas administraciones. A esta línea se sumó una acusación política al afirmar que el Gobierno “ha usado la función pública para colocar amiguitas”.
Vox también manifestó su rechazo, centrado en el diseño de la medida y en la falta de una estrategia clara a mediano plazo. La formación señaló que el Ejecutivo genera “incertidumbre” en su manera de articular las mejoras salariales y criticó la ausencia de una hoja de ruta más sólida y consensuada.
A pesar de este escenario, el Gobierno confía en reunir los apoyos necesarios. Con el respaldo anunciado de BNG, Podemos, PNV, EH Bildu y ERC —aunque con matices y reproches distintos—, la clave recae en la decisión final del PP. La votación pondrá a prueba el margen de acuerdo parlamentario en un asunto que afecta a millones de trabajadores y que el Ejecutivo busca convertir en un símbolo de estabilidad institucional.
