En España, el subsidio por desempleo es la prestación asistencial destinada a quienes han agotado el paro o no reúnen los requisitos para acceder a la prestación contributiva. Esta ayuda, gestionada por el SEPE, no es automática. Exige cumplir condiciones estrictas, especialmente en lo relativo al nivel de ingresos del solicitante. En este contexto, una resolución del Tribunal Supremo ha confirmado que no todas las indemnizaciones por despido se tratan igual a efectos del subsidio. Solo la cuantía mínima legal queda fuera del cómputo de rentas. Cualquier cantidad adicional puede impedir el acceso a la ayuda si se supera el límite económico fijado por la normativa. Para acceder al subsidio por desempleo, el trabajador debe estar inscrito como demandante de empleo y no superar el límite de rentas establecido en el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), excluidas las pagas extraordinarias. La clave está en cómo se calcula ese nivel de ingresos tras un despido. La legislación laboral establece una indemnización mínima obligatoria, por ejemplo 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades en determinados supuestos. Esa cuantía mínima no se computa como renta para el subsidio. Sin embargo, si el trabajador recibe una cantidad superior por acuerdo con la empresa o por mejora pactada, el exceso sí puede considerarse ingreso y provocar que se supere el límite del 75% del SMI. Este criterio ha sido respaldado por el Tribunal Supremo al analizar un caso en el que el SEPE denegó la ayuda porque la parte adicional de la indemnización hacía rebasar el tope de rentas. El Alto Tribunal avaló que el SEPE tenga en cuenta como renta la parte de la indemnización por despido que exceda de la mínima legal. El hecho de que esa cantidad pueda estar exenta de tributación en el IRPF no implica que quede fuera del cálculo para el subsidio asistencial. Además, el organismo no analiza ese exceso como un pago aislado. Lo prorratea a lo largo del período en el que podría percibirse el subsidio. Si el resultado mensual de ese cálculo supera el 75% del SMI, el solicitante no cumple el requisito económico y la ayuda puede ser denegada. Este matiz es relevante porque muchas personas asumen que, una vez agotado el paro, el subsidio se concede si no tienen empleo. Sin embargo, el control de rentas es uno de los filtros más estrictos en las prestaciones asistenciales. El impacto es directo para quienes terminan de cobrar la prestación contributiva y recurren al subsidio por desempleo como único ingreso. Un trabajador despedido con una mejora indemnizatoria puede encontrarse con que, pese a no tener salario mensual, el exceso percibido en el momento del despido le impida acceder a la ayuda. Esto resulta especialmente relevante en despidos colectivos o acuerdos individuales en los que la empresa ofrece condiciones superiores a las mínimas legales. La mejora puede ser beneficiosa en el corto plazo, pero alterar el acceso a prestaciones posteriores si se supera el límite económico exigido. El propio SEPE recuerda que todas las rentas del solicitante deben declararse y que la superación del 75% del SMI bloquea la concesión del subsidio. En este escenario, quienes hayan recibido una indemnización superior a la mínima legal deben revisar con detalle el cálculo de ingresos antes de presentar la solicitud. El requisito económico es determinante. Puede ser la diferencia entre acceder al subsidio o quedarse fuera de esta ayuda asistencial.