Las ayudas directas a la infancia se han convertido en uno de los grandes ejes del debate social en España. Con una de las tasas de riesgo de pobreza infantil más elevadas de la Unión Europea, el foco político se ha desplazado hacia fórmulas que garanticen ingresos estables a los hogares con menores. En este contexto, el Ejecutivo ha confirmado su intención de implantar una prestación universal por hijo a cargo de hasta 200 euros mensuales, lo que equivale a 2400 euros al año por cada menor de 18 años. La propuesta forma parte de la estrategia estatal contra la pobreza infantil y está vinculada al desarrollo de la Agenda 2030, tal como recoge el propio Ministerio de Derechos Sociales. La medida contempla una ayuda universal de 200 euros al mes por hijo, no importa cual fuera el nivel de renta, siempre que el menor resida legalmente en España. La clave de esta propuesta es su carácter no contributivo. A diferencia de otras prestaciones que exigen acreditar determinados ingresos, esta prestación por hijo a cargo pretende llegar a todos los hogares con menores. El planteamiento se inspira en modelos ya existentes en otros países europeos donde el apoyo económico a la crianza es estructural. El Gobierno ha vinculado esta iniciativa a la necesidad de reducir la tasa de pobreza infantil, que en España supera el 29%, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicados por el Instituto Nacional de Estadística. El coste estimado de implantar una ayuda universal de 2400 euros anuales por menor podría situarse en torno a los 20.000 millones de euros al año, según las cifras difundidas. Se trata de una de las reformas más ambiciosas en materia de protección familiar en las últimas décadas. Desde el punto de vista social, el objetivo es claro. El Ministerio de Derechos Sociales ha defendido que un ingreso periódico y estable puede reducir de forma significativa la vulnerabilidad infantil y facilitar el acceso a recursos básicos como alimentación, material escolar o actividades formativas. Estas líneas de actuación están enmarcadas dentro del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil. La cuantía mensual de 200 euros por hijo se sumaría a otras herramientas ya vigentes, como el Ingreso Mínimo Vital, regulado por el Real Decreto-ley 20/2020. Esto no funcionaría como sustituto a estas ayudas, sino que actuaría como complemento estructural para todas las familias con menores. Aunque el anuncio ha generado expectativa, la prestación universal por hijo todavía no está en vigor. Su aplicación efectiva depende de que el Gobierno la incluya formalmente en el proyecto de Presupuestos y obtenga respaldo parlamentario. Hasta que no se apruebe la norma correspondiente y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) no puede hablarse de una fecha concreta de inicio. Otro aspecto pendiente es el procedimiento de gestión. El Ejecutivo deberá definir si el pago se canalizará a través de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria o mediante un sistema específico. La Tesorería General de la Seguridad Social es el organismo que actualmente gestiona varias prestaciones familiares. La eventual entrada en vigor de esta ayuda de 2400 euros por hijo al año marcaría un cambio estructural en el modelo de apoyo a la crianza en España. Más allá del impacto inmediato en los ingresos familiares, la medida abre un debate de fondo sobre el papel del Estado en la protección de la infancia y la sostenibilidad financiera de una política de carácter universal que, de aprobarse, redefiniría el esquema actual de ayudas familiares.