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El Congreso de los Diputados puso fin a semanas de incertidumbre política y convalidó la revalorización de las pensiones aprobada en diciembre. La medida asegura que el incremento del 2,6%, equivalente al IPC, se mantendrá vigente durante todo 2026 para más de 10 millones de beneficiarios del sistema.
La decisión llegó después del revés parlamentario que sufrió el Gobierno cuando el decreto ómnibus que incluía la actualización fue rechazado el 27 de enero.
El Ejecutivo optó entonces por separar las medidas vinculadas a la Seguridad Social en un nuevo texto que finalmente logró respaldo mayoritario, con el único voto en contra de Vox.
¿Qué implica en términos concretos la subida aprobada?
La actualización del 2,6% consolida una mejora directa sobre las pensiones contributivas. En términos medios, la jubilación ordinaria se sitúa en 1552 euros mensuales, lo que representa 21.728 euros brutos anuales antes de retenciones fiscales. El incremento anual ronda los 570 euros por pensionista.
El decreto también mantiene la subida del 7% en las pensiones mínimas y del 11,4% en casos específicos como las pensiones de viudedad con cargas familiares.
Ese mismo porcentaje se aplica a las pensiones no contributivas y al ingreso mínimo vital, ya que ambas prestaciones se encuentran vinculadas en su cuantía.
Además, el texto actualiza las bases mínimas de cotización en un 3,1%, en línea con el salario mínimo, y eleva las bases máximas hasta 5.101,20 euros mensuales. La medida impacta tanto en trabajadores activos como en la sostenibilidad financiera del sistema.
¿Por qué se produjo el bloqueo político y qué consecuencias dejó?
El origen de la controversia radicó en la inclusión de la revalorización dentro de un decreto ómnibus que incorporaba otras medidas sociales, como la prohibición de cortes de suministros básicos y la suspensión de determinados desahucios. La falta de apoyos suficientes llevó al rechazo del texto completo, lo que dejó en suspenso la actualización de las pensiones.
La ministra de Seguridad Social y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, defendió la medida como un “compromiso inquebrantable” con los pensionistas y apeló a la estabilidad del sistema.
Desde Junts per Catalunya, el diputado Josep Maria Cervera responsabilizó al Ejecutivo por no haber tramitado la actualización en un texto independiente desde el inicio.
El Partido Nacionalista Vasco también cuestionó la estrategia legislativa y acusó al Gobierno de utilizar las pensiones como elemento de presión parlamentaria.
Por su parte, el Partido Popular alertó sobre el riesgo de erosionar el consenso del Pacto de Toledo, mientras que Vox puso en duda la viabilidad financiera del sistema a largo plazo. Con la convalidación ya aprobada, el foco político se traslada ahora a la sostenibilidad futura del modelo y a las próximas reformas estructurales que el Ejecutivo deberá negociar en un Parlamento fragmentado.