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Desde la implementación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en 2020, la tradicional asignación económica por hijo a cargo, popularmente conocida como "los puntos", ha sido progresivamente eliminada.
Esta ayuda, que otorgaba hasta 588 euros anuales por menor sin discapacidad, ha sido sustituida por el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), integrado dentro del IMV.
¿Qué es el Complemento de Ayuda para la Infancia?
El CAPI es una prestación adicional al IMV destinada a familias con menores de edad a su cargo. Su cuantía varía según la edad del menor:
Menores de 3 años: 115 euros mensuales.
Entre 3 y 6 años: 80,50 euros mensuales.
Entre 6 y 18 años: 57,50 euros mensuales.
Para acceder al CAPI, es necesario cumplir con los requisitos del IMV, incluyendo límites de ingresos y patrimonio, así como la residencia legal y efectiva en España.
¿Quiénes aún pueden recibir la antigua ayuda por hijo a cargo?
Aunque la asignación por hijo a cargo ha sido eliminada para nuevos solicitantes, algunas familias continúan recibiéndola bajo un régimen transitorio. En 2025, esta prestación se mantiene para:
Hijos menores de 18 años con discapacidad igual o superior al 33%: 1000 euros anuales por hijo.
Hijos mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 65%: 5805,60 euros anuales por hijo.
Hijos mayores de 18 años con discapacidad igual o superior al 75% que requieran asistencia de otra persona: 8707,20 euros anuales por hijo.
Estas cuantías están exentas de límites de ingresos debido al grado de discapacidad del beneficiario.
¿Qué alternativas existen para las familias que ya no pueden acceder a estas ayudas?
Además del CAPI, algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas complementarias para familias con hijos, aunque los requisitos y montos varían. También existen deducciones fiscales por descendientes en el IRPF, aunque su impacto es limitado para quienes tienen ingresos bajos o nulos.
Organizaciones como la Asociación de Familias Numerosas han solicitado al Gobierno la implementación de una ayuda universal por hijo, similar a la de otros países europeos, argumentando que el modelo actual excluye a muchas familias trabajadoras con ingresos modestos.
