Sindicatos llaman a huelga de trabajadores públicos: no habrá correos ni escuelas por todo el país el 13 de febrero
La medida afecta a docentes, personal administrativo y trabajadores de Correos en todo el país.
Más de 600.000 funcionarios de distintos sectores, incluidos docentes y personal administrativo, están llamados a un paro general el 13 de febrero. La medida responde a la falta de un acuerdo definitivo entre el Gobierno y aseguradoras para garantizar la cobertura sanitaria a más de 1,5 millones de mutualistas.
El sindicato de funcionarios CSIF ha confirmado una huelga general para el próximo jueves 13 de febrero. Esta decisión, tomada por unanimidad por los dirigentes sindicales, afecta a miles de trabajadores de distintos sectores, incluidos docentes autonómicos, universitarios y personal de la Administración General del Estado.
La convocatoria surge en medio de una crisis en el modelo sanitario de Muface, donde las aseguradoras y el Gobierno no han logrado alcanzar un acuerdo definitivo para renovar el concierto sanitario. A pesar de los recientes avances en las negociaciones, CSIF mantiene la huelga como medida de presión para garantizar la cobertura sanitaria de los 1,53 millones de mutualistas.
¿Qué sectores se verán afectados?
El paro general tendrá un impacto significativo en múltiples áreas:
- Educación: las clases en colegios, institutos y universidades de todo el país quedarán suspendidas.
- Administración Pública: los ministerios, organismos oficiales y delegaciones de Gobierno también verán afectado su funcionamiento.
- Correos: el personal funcionario del servicio postal se suma a la huelga.
- Seguridad: aunque no pueden ejercer su derecho a huelga, el sindicato policial Jupol apoya la medida.
En paralelo, CSIF ha anunciado la convocatoria de concentraciones para visibilizar el reclamo y permitir la adhesión de la ciudadanía.
La raíz del conflicto, repercusiones y medidas
El problema con Muface comenzó en octubre de 2024, cuando ninguna aseguradora aceptó la oferta para el convenio 2025-2027, a pesar de una mejora del 17% en las primas. Una segunda licitación, con un incremento del 33,5%, tampoco logró convencer a las principales aseguradoras como Adeslas y DKV, dejando sola a Asisa.
Este escenario ha generado incertidumbre entre los mutualistas, quienes enfrentan cancelaciones y retrasos en citas médicas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Ante esta situación, CSIF ha decidido llevar el caso a la Fiscalía General del Estado para evaluar posibles responsabilidades.
El sindicato exige un acuerdo inmediato que garantice la continuidad del modelo sanitario de Muface y critique el "doble juego" de ciertas organizaciones que instan a los mutualistas a abandonar el sistema mientras exigen soluciones al Gobierno.
CSIF también ha intensificado sus contactos con Muface y las aseguradoras para buscar una salida al conflicto. Sin embargo, hasta que no haya una solución definitiva, el paro general del 13 de febrero marcará un punto de inflexión en la defensa del sistema sanitario de los funcionarios públicos.
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