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Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una tarea compleja en gran parte del país. Los precios suben de forma sostenida y la oferta disponible no logra acompañar una demanda en constante crecimiento. A este escenario se suma la prohibición de desahucios, prorrogada ahora hasta 2026, que reconfigura el mercado.
La medida impacta de forma directa en propietarios e inquilinos. Muchos dueños optan por retirar sus inmuebles tras experiencias previas de impagos prolongados. En paralelo, quienes buscan alquiler describen el proceso como una auténtica carrera de obstáculos.
El Gobierno alcanzó un acuerdo político para extender el llamado escudo social. La decisión incluye protección reforzada para familias vulnerables y mantiene restricciones que están vigentes desde la pandemia, según los decretos aprobados.
Por qué la prohibición de desahucios afecta el alquiler
La prohibición de desahucios sin alternativa habitacional se aplica a hogares en situación de vulnerabilidad. Abarca circunstancias de impago de la renta así como casos amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Esta medida condiciona las decisiones de los propietarios.
Estas políticas fueron implementadas mediante el Real Decreto 11/2020, del 31 de marzo, aprobado en el contexto de la pandemia. Desde entonces, el Gobierno ha optado por renovarlas anualmente ante la continua crisis social y económica.
La última prórroga fue autorizada en el Consejo de Ministros de 2025. Este decreto extiende la prohibición de desahucios para todo el año 2026, a la espera de la aprobación por parte del Congreso, lo que agrava la incertidumbre en el mercado de arrendamiento.
Medidas del escudo social que se mantendrán en 2026
El acuerdo político incluye la prohibición de cortes de suministros básicos. La medida protege a hogares vulnerables frente a la interrupción del suministro de luz, agua y gas durante todo 2026.
También se mantiene la prórroga del bono social eléctrico. Estas medidas iban a caducar el 31 de diciembre, pero el pacto alcanzado permite extenderlas al menos un año más.
EH Bildu subrayó que “el mantenimiento de estas medidas sociales de calado es fruto del trabajo discreto y constante”. El grupo destacó que la protección sigue siendo necesaria en el actual contexto económico y social.
Quiénes están protegidos por la ampliación de la prohibición de desahucios
La prohibición de desahucios se orienta a familias en situaciones de vulnerabilidad que no cuenten con alternativas habitacionales verificadas. Se contempla a hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género.
La protección abarca asimismo a aquellos que habitan en una vivienda sin título legal. En tales situaciones, es preciso que satisfagan los requisitos de vulnerabilidad económica y social establecidos en la normativa actual.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios disminuyeron un 11,6% en comparación interanual. El 76% de los lanzamientos se originó por disputas relacionadas con el impago del alquiler.
Expertos advierten que la prohibición de desahucios intensifica la selección de inquilinos. Las familias que cuentan con un ingreso único, así como los menores y las personas mayores, se ven en desventaja ante perfiles considerados más seguros.
Numerosos propietarios que recuperan sus viviendas tras extensos litigios optan por retirar dichos inmuebles del mercado. Esta táctica reduce aún más la oferta y agrava la competencia entre los solicitantes de alquiler.
La portavoz Mertxe Aizpurua afirmó: “Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”. El mensaje acompañó el anuncio oficial de la prórroga.
Desde Sumar, Lara Hernández celebró la medida, aunque reclamó congelar los precios del alquiler. El grupo señaló que más de 600.000 contratos vencerán en 2026.
EH Bildu impulsó la negociación con el Ejecutivo para extender el escudo social. El acuerdo se cerró tras semanas de conversaciones y presión de colectivos sociales.