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La justicia del País Vasco ha impuesto una indemnización de 7000 euros a una familia que despidió a su empleada del hogar tras ausentarse por una operación de apendicitis.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), recogida por La Vanguardia, establece que el caso vulneró el derecho fundamental a la integridad física y moral.
La mujer, originaria de Guatemala y sin permiso de residencia ni contrato registrado en la Seguridad Social, trabajaba como interna desde diciembre de 2022 hasta octubre de 2024.
Fue despedida pocos días después de someterse a la intervención. La propietaria la cesó mediante un mensaje de WhatsApp en el que aseguraba no poder “tener a su madre dando vueltas” ni “esperar más”.
En la conversación, la trabajadora respondió que lamentaba la ausencia, pero que había enfermado y “tuvo que ser operada”.
La empleadora concluyó que “no podía hacer más” y que “esa era la única solución”. El sindicato de trabajadoras del hogar de Vizcaya llevó el caso a los tribunales, denunciando la precariedad del empleo doméstico interno.
El primer fallo reconoció el despido nulo pero no el daño moral
El Juzgado de lo Social número 12 de Bilbao estimó de forma parcial la demanda. Declaró nulo el despido y ordenó abonar 2751,12 euros de indemnización, además de 5655 euros en salarios de tramitación. Sin embargo, rechazó incluir una compensación por daño moral.
La trabajadora recurrió. El TSJPV afirmó que el despido se produjo “por una causa directamente vinculada con su estado de salud” y elevó la indemnización a los 7000 euros solicitados. La resolución, que cierra el proceso, reiteró la vulneración de derechos fundamentales.
La sentencia también incluyó un voto particular. Una magistrada consideró “desproporcionada” la cifra al tratarse de una empleadora particular que contrató a la trabajadora para cuidar a su madre anciana.
La precariedad del empleo doméstico: un colectivo vulnerable
Las empleadas del hogar siguen siendo uno de los colectivos más expuestos. Un informe de Oxfam Intermón revela que una de cada tres no está dada de alta en la Seguridad Social.
El estudio también denuncia informalidad, bajos salarios y ausencia de derechos laborales plenos.
A pesar de las cargas físicas del trabajo, el sector carece de reconocimiento de enfermedades profesionales.
El informe destaca que el 74% necesita medicación para soportar el dolor. España es el país con más empleadas del hogar y cuidados en la Unión Europea, con el 34,5% del total.
¿Qué implica esta sentencia para empleadores y trabajadoras?
El fallo marca un precedente relevante sobre el despido de internas tras una enfermedad o una intervención quirúrgica. La decisión del TSJPV subraya que la salud no puede justificar la finalización unilateral de la relación laboral.
La indemnización de 7000 euros refuerza la protección de las trabajadoras del hogar en situaciones de vulnerabilidad. También destaca la obligación de cumplir con la normativa laboral: dar de alta en la Seguridad Social, formalizar contratos y respetar los derechos fundamentales.
Las organizaciones del sector consideran que la sentencia contribuye a visibilizar los abusos frecuentes en el empleo doméstico, especialmente cuando las trabajadoras no cuentan con documentación regularizada.