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El ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha tenido que firmar un contrato con el Grupo Empresarial Palco, una firma del Gobierno cubano, para poder tramitar antes de que acabara el plazo todas las solicitudes recibidas en el consulado español en La Habana vinculadas a la Ley de Memoria Democrática (plazo que finalizó en octubre de 2025).
La Ley de Memoria Democrática, aprobada a finales de 2022 por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, permite obtener la nacionalidad española a quienes nacieron fuera de España con padre o abuelo español que hubiera renunciado a su nacionalidad por motivos políticos, ideológicos o de orientación sexual.
Esta norma, también llamada ‘ley de nietos’, provocó un fenómeno sin precedentes.
En enero de 2025, Exteriores adjudicó el contrato al Grupo Palco al ser la única empresa autorizada por el Gobierno cubano para realizar este trabajo.
Según explicó un portavoz: “El Consulado General de La Habana requiere un refuerzo sustancial ante la gran cantidad de expedientes que gestionar por la Ley de Memoria Democrática y el resto de trámites consulares”.
Ley de Memoria Democrática: contrato millonario y refuerzo en La Habana
España ha desembolsado 1.131.295 euros para que Cuba facilite al consulado “fuerza de trabajo”. El contrato establece que el consulado “solo podrá disfrutar de los servicios de fuerza de trabajo de cualquier ciudadano cubano y extranjero residente permanente en el país, una vez se haya establecido previamente la relación de trabajo del personal que prestará el servicio con el Grupo Palco”.
Esto implicó que el consulado no podía seleccionar directamente al personal necesario para tramitar la Ley de Memoria Democrática. Un total de 87 auxiliares de oficinas y auxiliares de servicios realizaron jornadas de 137 horas semanales.
El contrato dura cuatro años. Además, Exteriores se comprometió a pagar al Grupo Palco “el doble de la cuantía correspondiente al sueldo mensual que devenga cuando el empleado” trabajase en festivo.
Ley de Memoria Democrática: 2,3 millones de solicitudes y cierre definitivo
En apenas dos años, 2,3 millones de descendientes de exiliados y emigrantes se han acogido a la Ley de Memoria Democrática para recuperar la nacionalidad. Más de un millón de solicitudes están en tramitación y las denegaciones representan menos del 2%.
Cerca de un millón de solicitudes se han presentado en Argentina. El consulado de Buenos Aires acumula alrededor de 645.000 expedientes, seguido por Córdoba con 125.000. Después figuran La Habana con 350.000, Ciudad de México con 165.000, Sao Paulo con 150.000, Miami con 120.000 y Caracas con 40.000.
En el marco del cierre definitivo de la Ley de Nietos, tras tres años de vigencia, entrará un nuevo esquema aprobado por el Consulado General de España, que pondrá en marcha el sistema de trámites de nacionalidad española por Código Civil. El objetivo es ordenar y agilizar los expedientes pendientes.
Desde el Gobierno de España, el ministro Ángel Víctor Torres confirmó el cierre definitivo del plazo legal de la LMD y anunció un plan especial (“plan de choque”) para resolver los expedientes que quedaron pendientes antes de esa fecha.
En redes sociales oficiales, se anunció que “cambiará el sistema de solicitud de turnos para inscripción de nacimiento (nacionalidad) por Código Civil”, y que la nueva modalidad se aplicará a hijos de españoles nativos y a hijos menores de padres que obtuvieron la nacionalidad española.
Ley de Memoria Democrática y Plan Estatal de Retorno: la nueva etapa
En su primera visita oficial a la Argentina, la directora general de la Ciudadanía Española en el Exterior y Políticas de Retorno, Elena Bernardo, aseguró que el Gobierno está trabajando en un Plan Estatal de Retorno que espera sea aprobado a finales de este año o comienzos del próximo.
El Ejecutivo trabaja en un Real Decreto para que sea aprobado por el Consejo de Ministros y que contempla un marco de políticas orientadas a apoyar el retorno a través de dos instrumentos: un nuevo Reglamento de la Ley de Ciudadanía y un Plan Estatal de Retorno “que van a contener una serie de medidas para apoyar a todos los españoles que quieran retornar”.
“Estamos trabajando en una batería de medidas muy amplias”, resaltó. Añadió: “También hay muchos jóvenes de asociaciones profesionales y culturales que necesitan de nuestro apoyo para sus proyectos, que tienen que ver, por ejemplo, con la cultura o la ciencia. Dar respuesta a todos es muy difícil, pero vamos a intentarlo porque consideramos que tenemos muchos jóvenes fuera que requieren de un diseño de políticas específicas para ellos”.
Bernardo subrayó el impacto de la Ley de Memoria Democrática: “La sanción de esa ley demuestra que el Gobierno español está haciendo una apuesta muy clara en poder conceder la nacionalidad a los hijos y nietos de emigrantes españoles para que tengan los mismo derechos de aquellos que viven en España”.
Respecto a las nuevas generaciones, admitió que “aunque tengan presente el legado de sus abuelos, los jóvenes hoy pertenecen a otra época y, en general, sus intereses no son las mismos”, y añadió: “Son ellos los que nos tienen que decir cómo les podemos ayudar, porque nadie mejor que ellos para trasladarnos sus inquietudes y necesidades”.