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La medida impacta de forma directa en propietarios e inquilinos. Muchos dueños optan por retirar sus inmuebles tras experiencias previas de impagos prolongados. En paralelo, quienes buscan alquiler describen el proceso como una auténtica carrera de obstáculos.
El Gobierno alcanzó un acuerdo político para extender el llamado escudo social. La decisión incluye protección reforzada para familias vulnerables y mantiene restricciones que están vigentes desde la pandemia, según los decretos aprobados.
Encontrar una vivienda de alquiler se ha convertido en una tarea compleja en gran parte del país. Los precios suben de forma sostenida y la oferta disponible no logra acompañar una demanda en constante crecimiento. A este escenario se suma la prohibición de desahucios, prorrogada ahora hasta 2026, que reconfigura el mercado.
Efecto de la prohibición de desahucios en el alquiler
Las políticas vinculadas a la prohibición de desahucios sin una alternativa habitacional se centran en hogares que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Estas políticas abarcan tanto los casos de falta de pago de alquiler como aquellos amparados por la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. Esta disposición repercute en las decisiones de los propietarios.
La última extensión fue concedida durante el Consejo de Ministros de 2025. Este decreto prorroga la prohibición de desahucios a lo largo de todo el año 2026, a la espera de la validación por parte del Congreso, lo que provoca una prolongada incertidumbre en el ámbito del alquiler.
Dichas políticas fueron implementadas a través del Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo, el cual fue aprobado en el marco de la pandemia de COVID-19. Desde aquel momento, el Gobierno ha decidido renovarlas anualmente, en respuesta a la continua crisis social y económica.
Continuidad de las medidas del escudo social en 2026
El acuerdo político establece la prohibición de cortes de suministros básicos. La medida salvaguarda a los hogares vulnerables contra la interrupción del suministro de electricidad, agua y gas durante el año 2026.
EH Bildu enfatizó que “el mantenimiento de estas medidas sociales significativas es resultado de un trabajo discreto y constante”. El grupo resaltó que la protección continúa siendo indispensable en el contexto económico y social actual.
Asimismo, se prorroga el bono social eléctrico. Estas disposiciones iban a expirar el 31 de diciembre, pero el acuerdo alcanzado permite su extensión por, al menos, un año adicional.
A quién beneficia realmente la ampliación de la prohibición de desalojos
La prohibición de desahucios tiene como objetivo a familias en situación de vulnerabilidad acreditada que no cuentan con una alternativa habitacional adecuada. Esta medida incluye hogares con menores a cargo, personas dependientes y víctimas de violencia de género.
La protección también se extiende a aquellos que residen en una vivienda sin título legal. En estas circunstancias, es imprescindible que se cumpla con los requisitos de vulnerabilidad económica y social estipulados en la normativa vigente.
Los expertos advierten que la prohibición de desahucios incrementa la selección de inquilinos. Familias con una única fuente de ingresos, menores o personas mayores pierden opciones frente a perfiles considerados más seguros.
Muchos propietarios que recuperan sus viviendas tras prolongados litigios optan por retirarlas del mercado. Esta estrategia reduce aún más la oferta y agrava la competencia entre quienes buscan un alquiler.
Según el Consejo General del Poder Judicial, los desahucios disminuyeron un 11,6% interanual. El 76% de los lanzamientos se produjo por conflictos derivados del impago del alquiler.
La portavoz Mertxe Aizpurua declaró: “Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”. Este mensaje acompañó el anuncio oficial de la prórroga.
EH Bildu promovió la negociación con el Ejecutivo para extender el escudo social. El acuerdo se alcanzó tras semanas de conversaciones y presión de colectivos sociales.
