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Cuando se vive en comunidad, cada vecino tiene derechos sobre su vivienda, pero también obligaciones que garantizan la convivencia y la seguridad del edificio. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) establece límites claros para las reformas en pisos que evitan conflictos y daños colectivos.
Recientemente se ha recordado que esta norma permite a los vecinos acudir a la vía judicial si un propietario realiza obras sin cumplir los requisitos. Este paso puede ser clave para frenar intervenciones no autorizadas que alteren estructuras, fachadas o zonas comunes.
Qué establece la Ley de Propiedad Horizontal sobre las obras
El artículo 7 de la LPH concede al propietario la facultad de modificar elementos de su vivienda siempre que no “menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior o perjudique los derechos de otro propietario” y exige que informe previamente a la comunidad.
Si las obras afectan elementos comunes (fachadas, patios, instalaciones compartidas) es necesario obtener aprobación en junta de propietarios. De lo contrario, la comunidad tiene derecho a exigir la paralización inmediata.
Cuando un propietario actúa sin permiso y persiste en la obra, la comunidad puede iniciar una acción de cesación. Si el juez lo considera oportuno, puede ordenar la demolición de lo construido, obligar a restituir el estado anterior e incluso, en casos graves, privar el uso de la vivienda por hasta tres años.
Cómo pueden actuar los vecinos si detectan una obra sin permiso
El primer paso consiste en notificar el incidente al administrador o al presidente de la comunidad de propietarios. A continuación, la junta deberá convocarse para decidir si se presenta una reclamación formal.
Si el propietario responsable no rectifica, la comunidad podrá acudir a los tribunales. El artículo 7 prevé que esta demanda esté respaldada por un requerimiento fehaciente y el acuerdo adoptado en junta. En ese caso el juez puede dictar medidas cautelares inmediatas.
Este mecanismo protege tanto la seguridad del edificio como los derechos de los vecinos que puedan verse afectados por ruidos, modificaciones estructurales o alteraciones de la convivencia.
Casos reales: de toldos a reformas completas
En 2025 una vecina instaló un toldo, un armario y una puerta en su terraza sin contar con la aprobación de la comunidad. Tras varias advertencias, la junta decidió acudir a los tribunales. Finalmente, la justicia obligó al desmantelamiento de los elementos por alterar la estética y el drenaje del edificio.
Este tipo de sentencias refuerzan lo señalado por la Ley de Propiedad Horizontal: incluso pequeñas obras pueden considerarse ilegales si modifican elementos comunes o impliquen molestias, insalubridad o cambios estructurales.
De cara al 2026, los expertos en administración de fincas alertan de que es probable que aumente la vigilancia sobre reformas en comunidades de vecinos, especialmente en edificios antiguos, donde las consecuencias de una obra mal hecha pueden ser graves.
