En pleno conflicto entre los jueces federales y el Poder Ejecutivo y a cuatro meses del comienzo formal de la campaña electoral, la Justicia continuará investigando a los partidos políticos por presunta violación a la ley con acciones de campaña fuera del plazo legal. El fiscal federal Jorge Di Lello acaba de apelar un fallo de la semana pasada de la jueza con competencia electoral María Servini de Cubría que no estableció sanciones, y le pidió avanzar con la causa.

La presentación corresponde a una causa iniciada en noviembre último, cuando faltaba aun más tiempo para el inicio formal de la campaña: nueve meses. Entonces, el Partido Socialista se presentó ante Servini para pedirle que investigue las campañas publicitarias, a las que consideró "anticipadas e ilegales" y le reclamó una "auditoría para saber los montos que se han gastado desde comienzos de este año por parte de los precandidatos y las agrupaciones políticas" y "de dónde salieron los fondos y quién realizó los aportes".

Servini rechazó el pedido e instó a los partidos a no usar cartelería, previa audiencia pública con los representantes de cada fuerza nacional. Sin embargo, Di Lello apeló esa decisión por considerarla "apresurada" y porque aún está en trámite otra denuncia similar presentada por el fiscal federal también en noviembre, señalaron fuentes cercanas al funcionario.

Esa segunda denuncia tuvo su origen en un informe de la justicia federal de Paraná, que la Cámara Nacional Electoral le hizo llegar a Di Lello junto con un artículo periodístico del diario La Nación. El primero contenía detalles de la campaña anticipada en Entre Ríos y el segundo, fotografías de carteles y pintadas en la vía pública de todos los precandidatos en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.

"El fallo de Servini es apresurado. Y además está en trámite la otra causa, la originada en Entre Ríos, que comprende a todo el país", señalaron fuentes cercanas a Di Lello. El fiscal pretende seguir investigando y, además, que de la causa surja una definición general a futuro que diferencie la propaganda política de la de campaña.

La campaña anticipada no sólo viola la ley electoral, que fija el inicio de las acciones proselitistas 30 días antes de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); sino que además impide controlar la totalidad de los gastos de campaña. "Todo lo que está afuera de los plazos de la Ley está en un limbo, porque no se computa como gastos de campaña. En cambio, para los gastos de la campaña formal, los partidos deben informar cuánto gastaron, quién lo pagó y respetar un máximo de dinero permitido", explicó al respecto la directora de Instituciones Políticas del CIPPEC, Julia Pomares, en diálogo con El Cronista.

A excepción del Socialismo, no todos los partidos tienen interés en denunciar estas prácticas, porque la mayoría las utiliza. Basta con salir a la calle para verlo. Afiches, pintadas y pasacalles de todo tamaño y color inundan las ciudades más pobladas del país mostrando los rostros y nombres de quienes competirán en la elección primaria del 9 de agosto. Eso sí, con una precaución: como la ley electoral habla de "publicidad para captar el sufragio", los can didatos evitan pedir directamente el voto en los carteles. Un artilugio legal que no por eso vuelve menos efectivos los carteles que empapelan la Ciudad.