La petrolera YPF decidió hoy apelar la decisión de la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal, María Cristina Carrión de Lorenzo, que el lunes dio un plazo de cinco días a la compañía para entregar el contrato completo del acuerdo firmado con la petrolera estadounidense Chevrón para la exploración y explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

La acción judicial fue iniciada por el diputado socialista Rubén Giustiniani, quien le dijo a El Cronista que “éste es un fallo de interés público". El diputado por Santa Fe aseguró: "Estamos hablando de un contrato de 35 años con la cesión de una gran parte de de Vaca Muerta, uno de los tres yacimientos más ricos de petróleo no convencional. Es un arreglo multimillonario firmado por dos sociedades offshore, creadas en la víspera en el paraíso fiscal de Dellawere, mediante un procedimiento ha escapado al control público".

A través de un comunicado, YPF señaló que “la resolución del juzgado no tuvo en cuenta el pedido de audiencia que efectuó YPF y no estableció recaudos que impidan la divulgación a terceras partes ajenas al proceso (empresas competidoras y otros actores) de información con claro valor geológico, comercial, técnico e industrial”

“La ausencia de dichos recaudos, previstos en el régimen de Acceso a la Información Pública, coloca a YPF en una situación de desventaja competitiva con consecuencias adversas para el desarrollo de Loma Campana y futuros proyectos de la compañía”, puntualizó la empresa nacional.

La petrolera controlada por el Estado argentino informó en un comunicado que la decisión de apelar la orden judicial fue adoptada por su directorio "en salvaguarda del interés público y el de sus accionistas, públicos y privados" y aclaró que "la inversión de Chevron en el proyecto es totalmente a su costo y riesgo y solo se repaga con la producción generada por el proyecto".

A finales de febrero pasado, YPF tuvo que entregar una copia del contrato a la Justicia pero se presentó también un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adoptase las medidas necesarias para que se preservara de la divulgación pública la información de carácter confidencial. Al mismo tiempo, la copia remitida no era íntegra, sino que contaba con partes tachadas, según informaron a Efe fuentes cercanas al denunciante.