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Este viernes, el Ministerio de Justicia volvió a posponer la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así lo dispuso la entidad a cargo de Juan Bautista Mahiques mediante la Resolución 186/2026 publicada en el Boletín Oficial.
La medida alcanza a las jurisdicciones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de CABA y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico.
Ahora, la nueva fecha de implementación se corrió al 15 de febrero de 2027, poco menos de un año para que Justicia ponga en marcha los cambios necesarios.
Según la resolución, esta decisión se explica en el alto volumen de causas “de alta complejidad” que dificulta el traspaso y asume que el sistema penal porteño está "sobreexigido y congestionado”.
La aplicación del nuevo Código en CABA resulta clave por la introducción del sistema acusatorio contra el mixto vigente, en el que los propios fiscales se hacen cargo del total de la investigación. Se trata de un proceso oral, más moderno y ordenado.
El cronograma acumula cuatro aplazamientos. La Resolución 143/2025 había fijado el inicio para el 11 de agosto de 2025. La 530/2025 lo extendió al 10 de noviembre de 2025. La 1034/2025 lo corrió al 20 de abril de 2026. La 186/2026 lo lleva ahora a febrero de 2027.
Por qué ocurre: complejidad estructural y déficits operativos
En los considerandos, el Ministerio fundamenta la medida en la “dimensión y complejidad estructural” del sistema judicial de CABA, lo que “la distingue del resto de las jurisdicciones del País”.
Según el texto, la justicia federal penal de CABA concentra “alrededor del 15% de la dotación de magistrados del Ministerio Público Fiscal, así como cerca del 19,19% de los cargos de magistrados judiciales federales del País”.
La resolución señala, además, que en el distrito se concentran “investigaciones de alta complejidad vinculadas con graves hechos de corrupción, delitos económicos, lavado de activos, criminalidad organizada, narcotráfico, trata de personas y otros fenómenos de particular gravedad”.
A ello suma la operatividad de infraestructuras como el Puerto Nuevo, Dársena Norte y Aeroparque, que generan “una elevada densidad de conflictos de competencia federal”.
La medida también pondera el desafío de gestionar “un volumen significativo de causas complejas que tramitan bajo el sistema mixto, dentro de una estructura actualmente sobreexigida y congestionada”.
Un factor determinante fue el informe de la Procuración General de la Nación, que reportó “una insuficiencia crítica de los espacios físicos en las Fiscalías actuales” y señaló la urgencia de finalizar obras para la Mesa de Entradas Única, el sector de custodia de evidencias y la Dirección General de Protección a las Víctimas.
La Procuración también destacó la necesidad de ampliar la planta de personal e incorporar personal técnico para operar herramientas como los softwares UFED y Pathfinder, “cuyas licencias requieren ser renovadas para garantizar la eficacia de las investigaciones penales”.
El Ministerio reconoce avances: puesta en valor de salas de audiencias en Av. Comodoro Py 2002 y Av. de los Inmigrantes 1950, adquisición de sistemas UFED, equipamiento audiovisual para grabación de audiencias y simulacros de litigación. Sin embargo, concluye que “es necesario profundizar aún más la labor desarrollada hasta el momento”.
El estado de la reforma en el resto del país
El sistema acusatorio ya rige en nueve distritos federales: Chaco, Formosa, Corrientes, Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y La Pampa, además de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás de los Arroyos en la provincia de Buenos Aires.
Para 2026 están previstas tres implementaciones: Córdoba (15 de junio), Posadas (24 de agosto) y La Plata (30 de noviembre).
Aún restan relevamientos técnicos en La Rioja, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Entre Ríos y el sector de San Martín en la provincia de Buenos Aires.
En este sentido, la resolución dispone además un despliegue territorial en esas ciudades para elaborar diagnósticos que permitan planificar futuros cronogramas.