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La causa Vialidad entró en su fase de ejecución definitiva. En un fallo de alto impacto institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la actualización del decomiso impuesto a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y otros exfuncionarios condenados. El monto, que inicialmente se había estimado en $ 85.000 millones, escaló a los $ 685.000 millones, reflejando la magnitud del perjuicio patrimonial causado al Estado.
La decisión, que lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimó los recursos de queja presentados por las defensas. Con esta resolución, se agotan las instancias para frenar el avance sobre el patrimonio de los condenados, habilitando de forma inmediata el remate de bienes y la recuperación de activos.
El camino hacia los $ 685.000 millones: ¿por qué aumentó la cifra?
El monto del decomiso no es arbitrario. Surge de un exhaustivo relevamiento del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte, quienes actualizaron los valores nominales de los contratos viales otorgados irregularmente entre 2003 y 2015.
Este salto de casi un 700% en la cifra responde a dos factores clave:
- La depreciación monetaria: el ajuste por inflación de los fondos que fueron desviados del erario público.
- La tasación de activos: el valor de mercado actual de las propiedades y maquinarias afectadas al proceso.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de la ejecución de la sentencia, ya inició el proceso de tasación de 111 bienes distribuidos, principalmente, en la provincia de Santa Cruz.
La orden de decomiso afecta propiedades inmobiliarias, estancias, complejos turísticos y vehículos. Dado que la condena establece una responsabilidad solidaria, todos los condenados deben responder por el total de la suma hasta cubrir el monto fijado.
Mientras que gran parte del patrimonio de Lázaro Báez ya fue rematado en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y la causa por “La Ruta del Dinero K”, los activos personales de CFK aparecen como el objetivo principal para cumplimentar el remate pendiente en esta causa.
El trasfondo de la condena: 51 licitaciones bajo la lupa
La sentencia confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal el año pasado determinó que existió una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
El esquema delictivo se basó en la adjudicación sistemática de 51 obras viales al Grupo Austral.
Junto a Cristina Kirchner y Báez, la Justicia ratificó las penas para figuras clave como José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional), todos con penas de hasta 6 años de prisión.
El rechazo a la “vía civil”
Uno de los últimos intentos de la defensa, liderada por los abogados de la exmandataria, fue argumentar que el decomiso debía tramitarse en el fuero civil y no en el penal. Sostenían que la magnitud de la ejecución excedía las competencias del TOF 2.
Sin embargo, los jueces de Casación Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña —criterio ahora ratificado por la Corte— señalaron que el decomiso es una “consecuencia accesoria” de la condena penal. El objetivo es despojar a los condenados del producto del delito, evitando que conserven el provecho económico de la maniobra fraudulenta.
Este fallo marca un precedente en la recuperación de activos derivados de la corrupción en Argentina. Con la firma de la Corte, el proceso de remate de los 111 bienes ya no tiene obstáculos legales.
Para los especialistas en Derecho Penal Económico, esta decisión refuerza la figura del decomiso como herramienta de reparación. En un contexto de crisis económica, la devolución de $685.000 millones al Estado representa no solo un acto de justicia simbólica, sino un ingreso concreto para las arcas públicas.