La comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados bonaerense realizará este miércoles la última sesión del año para dictaminar, entre otras iniciativas, la ley de Ética Pública y Transparencia, que establece un sistema de promoción, impulso y garantía de la ética pública, la integridad y la transparencia en el ámbito provincial.

La proyecto fue impulsada por el gobernador reelecto, Axel Kicillof, y estuvo a cargo del Ministro de Justicia bonaerense e intendente electo de La Plata, Julio Alak. La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo provincial en octubre de 2022, y busca cubrir un vacío normativo que lleva 24 años.

La Ley de Ética de la Función Pública nacional rige desde 1999, tiene jurisprudencia en 11 provincias (San Juan, Chubut, Jujuy, Chaco, Santiago del Estero, La Rioja, Río Negro, Corrientes, Santa Fe, Santa Cruz y Mendoza), y el distrito de CABA.

La iniciativa establece cinco puntos de acción que son; la capacitación obligatoria; los principios, deberes y obligaciones rectores de la ética pública y la transparencia; el régimen de conflictos de intereses e incompatibilidades; la integridad en los procesos de contrataciones públicas y el régimen de obsequios para quienes desempeñan la función pública.

Por otro parte se establece que los obsequios aceptados de conformidad con lo establecido en el artículo 19, deberán ser asentados en un Registro único de Obsequios de la provincia de Buenos Aires que la Autoridad de Aplicación creará para tal fin y que será publicado.

También establece que los obsequios deberán ser incorporados al patrimonio de la provincia de Buenos Aires, cuando su valor supere el 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil, o se traten de obsequios protocolares que posean un valor institucional representativo del vínculo con el Estado u organismo que lo ha entregado, aún en los casos en los que no superen el valor establecido.

Según establece el primer artículo del proyecto, el objetivo es "regular el conjunto de principios, deberes, prohibiciones, incompatibilidades, aplicables a todas aquellas personas que se desempeñen en la función pública en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, en todos sus niveles y jerarquías".

La iniciativa se va a discutir en el marco en dos acontecimientos que este año sacudieron el tablero política en la Legislatura bonaerense: la polémica por el caso de las tarjetas de débito de Chocolate Rigau, y el viaje en yate en Marbella de Martin Insaurralde.

"Se pretende fortalecer el rol de las instituciones públicas, desarrollando habilidades y aprendizajes que contribuyan a afianzar la confianza de la población en las mismas y alcanzar su participación activa con el fin de promover una cultura de integridad", establece la iniciativa impulsado por el Ejecutivo bonaerense.

Asimismo, se propone crear dos entidades que se encargaran de regular la normativa: la Comisión Provincial de Ética Pública y Transparencia y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil. La primeraestará integrada entre otros, por el Poder Ejecutivo, representantes del Consejo Consultivo de la Sociedad Civil y representación de quienes se adhieran voluntariamente a la presente Ley.

El órgano también tendrá la misión de brindar capacitaciones para erradicar la violencia por razones de géneros, así como promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres y personas del colectivo LGBTIQA+.

Por otro lado, el "Consejo Consultivo de la Sociedad Civil" tendrá entre sus objetivos articular de manera conjunta, consensuada y coordinada, a fin de homogeneizar criterios para promover políticas de Ética Pública y Transparencia, según establece el proyecto.