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El Congreso volverá a discutir la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, más conocido como PCT, un acuerdo internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que busca simplificar el proceso para proteger invenciones en distintos países.
La iniciativa no es nueva. El proyecto que se encuentra bajo análisis propone aprobar el tratado celebrado en Washington en 1970, con sus posteriores enmiendas y modificaciones, junto con su reglamento actualizado.
El texto ingresado en Diputados plantea una aprobación simple: la adhesión al tratado. Pero algunas voces legislativas advierten que se podrían introducir algunos cambios que lo harían retornar a la cámara de Senadores.
En términos prácticos, el PCT permite que una persona, empresa, universidad o centro de investigación presente una única solicitud internacional de patente para iniciar el trámite de protección en múltiples jurisdicciones.
El sistema permite buscar protección internacional para una invención mediante un procedimiento centralizado, en lugar de hacer desde el comienzo trámites separados país por país.
Sin embargo, hay una aclaración clave: el PCT no crea una “patente internacional”. Tampoco obliga a ningún Estado a conceder una patente. La decisión final sigue en manos de cada oficina nacional o regional de patentes.
La Oficina de Patentes de Estados Unidos lo explica de forma directa: el PCT permite presentar una solicitud internacional, pero la concesión de patentes queda bajo control de las oficinas nacionales o regionales en la llamada “fase nacional”.
Qué cambia para una pyme o emprendedor argentino
Para una pyme tecnológica, un emprendedor o una universidad argentina, la principal diferencia está en el modo de iniciar una estrategia internacional de protección.
Hoy, si alguien quiere proteger una invención en distintos países, debe encarar trámites separados, con costos, traducciones, plazos y requisitos propios de cada jurisdicción.
Con el PCT, ese primer paso se unifica. El solicitante presenta una sola solicitud internacional y gana tiempo para decidir en qué mercados quiere avanzar efectivamente.
El proyecto sostiene que el tratado permite “simplificar significativamente los trámites vinculados a las patentes de invención” y solicitar protección en múltiples países mediante una única presentación internacional.
El beneficio no es solamente administrativo. El sistema también incluye una búsqueda internacional y una opinión preliminar sobre la patentabilidad de la invención.
Es decir, el inventor puede acceder antes a información técnica sobre si su desarrollo parece novedoso, si tiene actividad inventiva y si puede tener aplicación industrial.
El propio tratado establece que cada solicitud internacional será objeto de una búsqueda internacional destinada a descubrir el “estado de la técnica” relevante.
Para una empresa chica, eso puede ser importante porque permite ordenar decisiones de inversión. Antes de gastar dinero en traducciones, abogados y presentaciones en varios países, puede tener una primera evaluación internacional sobre la fortaleza de su invención.
En los fundamentos del proyecto, se remarca que el sistema ofrece al inventor, emprendedor o empresario innovador “seguridad jurídica, tiempo adicional y análisis técnico” para evaluar las inversiones necesarias para proteger su tecnología.
El punto central: más tiempo para decidir
Uno de los cambios más relevantes es el plazo. El PCT permite demorar la entrada en las fases nacionales de cada país.
En general, el solicitante cuenta con hasta 30 meses desde la fecha de prioridad para decidir en qué jurisdicciones continuará el trámite, pagar tasas nacionales y presentar traducciones. Ese plazo aparece regulado en el texto del tratado incorporado al proyecto.
En criollo, una startup argentina que desarrolla una tecnología exportable no tiene que definir de inmediato si va a patentar en Estados Unidos, Europa, Brasil, México o Asia. Puede iniciar el trámite internacional, recibir información técnica y ganar tiempo para buscar inversores, validar mercado o decidir si la invención justifica el costo de protección en cada país.
Ese es el argumento principal de quienes defienden la adhesión. AmCham Argentina, por ejemplo, sostuvo que el PCT permitiría simplificar y agilizar la protección internacional de patentes, facilitando el acceso de emprendedores, pymes, empresas e instituciones científicas a mercados internacionales.
La entidad también planteó que la adhesión generaría un “triple beneficio”: desarrollo tecnológico y científico, promoción de inversiones y mejora de la competitividad del país.
Además, señaló que Argentina es el único país del G20 que todavía no forma parte del sistema, pese a que investigadores, universidades y empresas argentinas ya lo utilizan en el exterior para proteger sus desarrollos.
Qué no cambia con el PCT
El tratado no reemplaza a la ley argentina de patentes ni le quita al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la posibilidad de examinar solicitudes. Cada país conserva la capacidad de aplicar sus propios criterios de patentabilidad.
El texto del tratado es explícito en ese punto: ninguna disposición limita la libertad de los Estados contratantes para fijar las condiciones sustantivas de patentabilidad que deseen. Cada país puede aplicar sus reglas internas para decidir si una invención merece o no protección.
Esto significa que adherir al PCT no implica que una patente concedida en otro país tenga automáticamente validez en Argentina. Ese punto es clave porque suele aparecer en la discusión pública de manera confusa.
Lo que se internacionaliza es el procedimiento inicial de solicitud, no la concesión automática del derecho.
Por qué genera resistencia
La adhesión al PCT fue históricamente resistida por sectores de la industria nacional, en especial por la industria farmacéutica. El argumento crítico sostiene que el tratado podría facilitar el ingreso de solicitudes de titulares extranjeros y fortalecer posiciones dominantes en sectores sensibles.
Desde esa mirada, el riesgo sería que grandes laboratorios internacionales consoliden carteras de patentes más amplias y generen barreras adicionales para competidores locales.
Ese punto aparece especialmente asociado al precio de medicamentos, la producción nacional y la capacidad regulatoria del Estado en materia de salud pública.
También hay una discusión técnica sobre el Capítulo II del tratado, que regula el examen preliminar internacional. El propio PCT permite reservas: el artículo 64 establece que cualquier Estado puede declarar que no se considera obligado por las disposiciones del Capítulo II.
Esa reserva es parte de la discusión política actual. Algunos sectores plantean que Argentina podría adherir de manera parcial, dejando afuera ese capítulo para preservar mayor margen de decisión.
El vínculo con Estados Unidos
El debate también quedó conectado con la agenda bilateral con Estados Unidos. El Gobierno incluyó la adhesión al PCT dentro de los compromisos de modernización del régimen de propiedad intelectual.
Estudios jurídicos privados también señalaron que el acuerdo entre Argentina y Estados Unidos incorporó disposiciones orientadas a fortalecer el sistema argentino de patentes.
En ese marco, el tratamiento legislativo del PCT dejó de ser una discusión puramente técnica sobre propiedad intelectual y pasó a formar parte de una agenda más amplia de inserción internacional, inversión y acuerdos comerciales. Especialmente si se tiene en cuenta el alineamiento de Javier Milei con Donald Trump.
Para las pymes y emprendedores, el punto práctico es más concreto: el PCT puede facilitar la protección de invenciones argentinas en el exterior, pero no garantiza por sí solo financiamiento, exportaciones ni acceso a mercados.