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La Argentina sumó un nuevo revés en su raid judicial con los bonistas por las deuda en default. Este jueves la jueza Loretta Preska le ordenó pagar u$s 142 millones a un grupo de fondos acreedores.
La magistrada del Distrito Sur de Nueva York se pronunció en contra del país en el expediente que sigue a solicitud de un 12 fondos que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.
Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando.
Una serie de fondos, coloquialmente conocidos como holdouts, compraron aquella deuda en default para demandar al país. Estos representan menos del 3% del total de tenedores de deuda argentina que quedó remanente luego de los mencionados canjes.
En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por el monto antes señalado.
El antecedente de Bainbridge Fund
El año pasado, la jueza Preska había ordenado el embargo de activos argentinos por el monto de u$s 95,8 millones para afrontar el pago al fondo Bainbridge Fund, que había ganado el mismo litigio.
El dinero embargado pertenecía a una cuenta que tiene el Banco Central (BCRA) en la Reserva Federal (Fed), con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady. Estos títulos, emitidos en la década del 90, fueron parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.
Preska ahora falló de nuevo a favor de una serie de holdouts, entre los que se encuentran los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments y White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master.
Los primeros dos estaban representados por el abogado Dennis Hranitzky, que logró confiscar la Fragata Libertad en Ghana, en 2012, cuando asesoraba al fondo NML - Elliott Capital Management.
Un remanente del 3% de los acreedores de la deuda argentina
En abril de 2016, a pocos meses de haber comenzado la gestión de Mauricio Macri, el gobierno pagó u$s 9300 millones a parte de los holdouts que tenían deuda en default de 2001.
Ese pago permitió que el fallecido juez Thomas Griesa levantara las cautelares que impedían al país pagarles al resto de los bonistas que sí habían entrado en los canjes de 2005 y 2010. De esa manera, ese año el país salió del default técnico en el que estaba. Además, se firmaron nuevos acuerdos que eliminaron juicios en Nueva York.
Sin embargo, quedó un pequeño remanente de holdouts que mantuvieron la demanda vigente contra la Argentina. Eran aquellos que no entraron en los canjes de 2005 y 2010, ni aceptaron la propuesta realizada por el gobierno de Macri.
Pese a que la Argentina había logrado con los sucesivos canjes más de un 97% de aceptación de los tenedores de deuda en default en 2001, el 3% restante siguió litigando.
Esta práctica dio nacimiento a las denominadas cláusulas de acción colectiva (CAC) cuyo objetivo es evitar situaciones similares. Este instrumento establece que si el país deudor efectúa una oferta de canje en la cual consigue la aceptación de una mayoría considerable, la propuesta se hace extensible al 100% de los acreedores de forma automática.