El Senado retomó el debate por la ampliación de la Corte Suprema de Justicia, tras el fallo que blindó la condena de Cristina Fernández de Kirchnerpor la Causa Vialidad. Como en el Gobierno le bajaron el pulgar a la pronta trascendencia de la iniciativa, los legisladores anticiparon que será difícil conseguir un dictamen este año.
El plenario de Asuntos Constitucionales; Justicia y Asuntos Penales convocó a jueces y constitucionalistas para exponer sobre lo que significaría sumar más miembros en el máximo tribunal, que actualmente debería funcionar con 5 magistrados. En el Senado evitaron involucrarse en la negociación política con el Gobierno de Javier Milei por las dos vacantes pendientes, pero pusieron el foco sobre la equidad de género en los futuros nombramientos.
Asistieron los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Alberto García Lema; el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra; la juez del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, Liliana Piccinini; y la delegada de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina en Córdoba, María Esther Cafure de Battistello.
La iniciativa con más consenso corre por parte del senador salteño Juan Carlos Romero, quien presentó un proyecto para ampliar la Corte a 7 miembros con un 40% de representación femenina. Pese a la cercanía del senador con el Gobierno libertario, en la Casa Rosada se desentienden de la iniciativa mientras que el senador de UP José Mayans la convalidó y, por orden de Cristina Kirchner, retomó el debate después de la condena. De hecho, insistió con eso en la reunión previa al fallo de la Corte en el PJ.
La inhabilitación de la expresidenta no escapó la mesa, puesto que el senador Oscar Parrilli realizó una serie de denuncias sobre la imparcialidad de los magistrados. "Todos coincidimos en que necesitamos jueces independientes, imparciales y que tengan apariencia de imparciales", lanzó.
En ese sentido, apuntó contra el fiscal Diego Luciani y al juez del tribunal oral en primera instancia Jorge Gorini, quien "tuvo 16 partidos de pádel con el presidente Mauricio Macri en Olivos"; y a Gustavo Hornos, quien "tuvo 7 reuniones con Macri antes de dictar los fallos contra Cristina Kirchner", entre otros.
Tampoco dejó afuera que los supremos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz aceptaron en su momento ser designados por decreto de Macri.
Romero se quejó de esa lectura: "Aquí no hemos venido a hacer un tribunal para juzgar a la Justicia. La idea que viene rondando hace tiempo es que cuando el fallo me gusta es justicia legítima y cuando no me gusta es lawfare".
Pese al intento de esquivar la coyuntura política por la negociación de los pliegos, la senadora Alejandra Vigo, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, remarcó que al ser año electoral, no hay esperanzas de conseguir un dictamen a corto plazo e insistió sobre la necesidad de que asistan los miembros del Poder Ejecutivo.
En el Gobierno apoyan la idea de eventualmente llevar a cabo esta reforma, pero no este año y, principalmente, no antes de cubrir las vacantes que dejaron Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
El acuerdo va de la mano de las vacantes de la Justicia Federal y, en este sentido, pisa fuerte el interés de los gobernadores. Por caso, la propuesta para ampliar los miembros de la Corte no solamente se alineó con el cupo de género sino también con la incorporación de la "representación regional". Por ese camino fue la intervención de García Lema.
Algunos especialistas, como Gil Domínguez, defendieron incluso una ampliación más numerosa abanderándose de la proporcionalidad, aunque otros cuestionaron que el funcionamiento de división por salas podría eventualmente generar una contradicción en las sentencias. En ese sentido, Gil Lavedra puntualmente remarcó que la crisis de confianza en el país no le brinda un contexto ideal para modificar la cantidad de cortesanos.
La Argentina actualmente tiene la Corte más reducida de Latinoamérica: Bolivia y Paraguay tienen 9; Brasil 11; Perú 19; y Colombia 23, por mencionar algunos países. En el Gobierno ven con buenos ojos una eventual ampliación a 7 o 9 miembros, pero no más. Los 8 proyectos presentados proponen como máximo 15 integrantes.
