La CGT se reunirá este lunes por la mañana para definir si convoca a un paro general coincidente con el tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, previsto para esta semana tras la media sanción que el proyecto obtuvo en el Senado. La posibilidad de una huelga comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, empujada por sectores sindicales que reclaman una estrategia más confrontativa frente al Gobierno.
La reunión de la cúpula cegetista se realizará de manera virtual desde las 16 y fue adelantada por decisión de los cotitulares de la central, Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, ante la presión interna de distintos gremios que consideraron insuficiente la estrategia seguida hasta ahora. En ese encuentro se evaluará la convocatoria a una medida de fuerza para el miércoles 18 o jueves 19, fechas en las que podría iniciarse el debate del proyecto en Diputados.
Dentro de la central obrera crece la idea de que la oposición a la reforma ya no puede limitarse a movilizaciones o pronunciamientos públicos. Dirigentes de peso sostienen que el avance legislativo del proyecto obliga a redefinir la respuesta sindical, en un escenario donde el oficialismo busca acelerar los tiempos parlamentarios para sancionar la ley antes de marzo.
Uno de los principales focos de rechazo es el artículo que habilita reducciones salariales de entre el 25% y el 30% durante las licencias médicas, aunque también generan resistencia los cambios en el régimen de indemnizaciones, la jornada laboral, las vacaciones y la regulación del derecho de huelga. En la CGT advirtieron además sobre el impacto de la ampliación de las actividades consideradas “esenciales”, que impondría servicios mínimos más amplios durante los paros.
El debate interno se da, además, en un contexto de tensión política dentro del propio sindicalismo. En las últimas semanas, gremios industriales y del complejo exportador actuaron en tándem para presionar a la conducción cegetista y empujarla a una posición más dura. Entre ellos se destacó la Unión Obrera Metalúrgica, cuyo secretario general, Abel Furlán, anticipó públicamente la decisión de avanzar con medidas de fuerza.
“Vamos a exigirle a la CGT un paro con movilización”, afirmó Furlán en declaraciones a la emisora Futurock, donde sostuvo que “la gente se empezó a dar cuenta de que esto es pérdida de derechos”. Según el dirigente metalúrgico, el rechazo al proyecto no se limita al contenido laboral, sino que expresa un cuestionamiento más amplio al rumbo económico del Gobierno.
En la misma línea se expresó Cristian Jerónimo, co-secretario general de la CGT, quien señaló que los trabajadores “empezaron realmente a entender el impacto real que va a tener en su vida esta ley totalmente regresiva”. En declaraciones a Radio 10, afirmó que una eventual huelga “va a tener una gran adhesión” y reflejará el descontento no solo con la reforma, sino con la orientación general de la política oficial.
El posible llamado a un paro se produce después de que la CGT lograra moderar parte del proyecto durante su paso por el Senado. En las negociaciones previas a la media sanción, la central consiguió que se mantuviera la cuota solidaria por dos años con un tope del 2% y que no se redujera el aporte patronal a las obras sociales, que permaneció en el 6%.
Desde el oficialismo reconocieron esos intercambios. La senadora Patricia Bullrich admitió que existieron diálogos con la conducción sindical y que se “receptaron muchas cosas de la CGT” antes de la votación en la Cámara alta. Sin embargo, para varios gremios esos cambios resultan insuficientes frente al núcleo del proyecto, que aún incluye el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, el avance de acuerdos por empresa y nuevas restricciones a la acción sindical.
De cara al debate en Diputados, la CGT apostó en un primer momento a seguir suavizando el texto a través de la negociación política y, en última instancia, recurrir a la Justicia frente a artículos que considera inconstitucionales. No obstante, el avance del cronograma legislativo y la presión de los sectores más duros reabrieron la discusión sobre la conveniencia de un paro general.
La definición que adopte la central obrera este lunes marcará un punto de inflexión en la relación entre el sindicalismo y el Gobierno. Si la CGT avanza con la huelga, el tratamiento de la reforma laboral en Diputados quedará atravesado por un clima de mayor conflictividad social, en un escenario donde el debate dejó de circunscribirse al Congreso y volvió a trasladarse a la calle.