Fuente: Aerolineas
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El Gobierno nacional dio este jueves un paso concreto hacia la privatización de Intercargo al publicar en el Boletín Oficial la Resolución 282/2026 del Ministerio de Economía, que autoriza el llamado a licitación pública nacional e internacional para la venta del 100% de las acciones de la empresa estatal.
El precio base de la operación fue fijado en u$s 45.120.000, una cifra que surge de una valuación encargada al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). La decisión fue anticipada horas antes por el ministro Luis Caputo a través de sus redes sociales, donde describió la medida como un nuevo paso en la transformación del sector aerocomercial argentino.
La licitación se desarrollará bajo una modalidad de etapa múltiple y tramitará íntegramente a través de la plataforma digital CONTRAT.AR.
En una primera instancia se evaluarán los requisitos legales, técnicos y económico-financieros de los oferentes; en la segunda, las propuestas económicas. La empresa será adjudicada a quien presente la oferta más alta por encima del precio base establecido.
El plazo para consultar las bases y condiciones vence el 27 de abril, mientras que la presentación de ofertas cerrará el 7 de mayo a las 9:30 horas, con apertura automática ese mismo día a las 10.
Qué hace Intercargo y por qué sale a privatización
Intercargo es la operadora estatal de servicios de handling —asistencia en tierra a aeronaves y pasajeros— y tiene presencia en 16 aeropuertos del país, entre ellos Ezeiza, Aeroparque, Córdoba, Mendoza, Rosario, Bariloche y Ushuaia.
La empresa cuenta con más de 1.500 empleados y, lejos de ser deficitaria al momento de la venta, cerró los últimos tres ejercicios con superávit: $1.245 millones en 2023, $17.000 millones en 2024 y cerca de $30.000 millones en 2025. Para este año, el presupuesto aprobado proyecta una ganancia operativa de más de $8.600 millones.
Fuente: NA
La operación implica la transferencia integral de la compañía como empresa en marcha, lo que incluye sus contratos vigentes, licencias y dotación de personal. Sin embargo, el Estado deberá rescindir previamente el contrato de exclusividad que Intercargo mantuvo desde su creación en 1990 bajo la órbita de la Fuerza Aérea.
Esa rescisión es uno de los factores que explican la diferencia entre el precio base fijado y otras valuaciones que ubicaban el valor real de la compañía entre 55 y 61 millones de dólares según métodos patrimoniales. Al desaparecer el “negocio asegurado”, la empresa deberá competir con las 11 operadoras privadas que el propio Gobierno habilitó en los últimos meses.
Entre las condiciones para participar, los interesados deberán acreditar una liquidez mínima equivalente a tres meses del giro comercial habitual de Intercargo —cifra que ronda los $29.213 millones— y abonar una garantía de mantenimiento de oferta del 5% del precio base.
Las firmas extranjeras solo podrán participar a través de un vehículo societario constituido en Argentina, aunque el proceso admite que esa constitución se realice durante la licitación, siempre que esté formalizada antes de la firma del contrato. Quedará además a cargo de una Comisión Evaluadora de Ofertas creada específicamente para analizar y dictaminar sobre las propuestas recibidas.
El 10% de los ingresos que genere esta y otras privatizaciones será destinado a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas, según anunció en paralelo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
La privatización de Intercargo se encuadra en la Ley 27.742 y en el Decreto 198/2025, que habilitó la venta total de la compañía, y es parte de la política más amplia del Gobierno de reducir la participación estatal en empresas de servicios. Desde el gremio mayoritario de la empresa, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), ya anticiparon su rechazo y tienen pendiente una apelación judicial para intentar frenar el proceso.