Los trabajadores del petróleo y el gas de Neuquén, Río Negro y La Pampa harán un paro de 48 horas para reclamar por beneficios salariales de los que gozan sus colegas de Chubut que son empleados por las mismas empresas. Cortarán el suministro de petróleo pero no el de gas, de tal forma que no afectarán a los consumidores de la zona central del país aunque provocarán un fuerte perjuicio económico a las compañías. Ayer a las 15 venció la conciliación obligatoria que el Ministerio de Trabajo había dictado en el conflicto y la cámara empresaria no hizo ninguna oferta. Por eso, el sindicato de obreros del gas y el petróleo de Neuquén, Río Negro y La Pampa realizará hoy una asamblea en la que su titular, Guillermo Pereyra, espera que participen de 15.000 a 16.000 trabajadores. En esa oportunidad, Pereyra propondrá la realización de un paro de 48 horas en rechazo de la negativa empresaria a conceder un aumento en el beneficio salarial por zona desfavorable. Presentamos a las empresas un amplio estudio que analiza las condiciones de vida, los hospitales, la recreación, todo lo que hace que la zona deba ser compensada, dijo Pereyra a El Cronista. La zona es un plus salarial que cobran los obreros petroleros que es de 85% en Chubut y, en cambio, en las provincias donde se instaló el conflicto gremial es de 42%. Para los trabajadores que protestan, se suman un básico, el plus por zona y otro por turno rotativo y conforman un salario que parte de los $ 12.000 sobre los que se calculan las horas extras y a los que se adicionan conceptos adicionales. Así, a boca de pozo, el sueldo de un trabajador del sector en Neuquén puede ser de $ 22.000 o $ 23.000 pesos. Aquellos que tienen especialidades que exigen mayor capacitación pueden llegar a unos $ 35.000 y hasta $ 45.000. El sindicalismo piensa que las empresas petroleras se niegan a escuchar reclamos y no acercan siquiera una posición intermedia a lo que se pide, porque cuentan con que haya conflicto gremial para poder hacer oír sus quejas por la mayor regulación del sector. Las compañías petroleras están preocupadas por las eventuales consecuencias sobre la seguridad jurídica de sus inversiones del decreto 1277, que puso bajo la órbita del viceministro Axel Kicillof una amplia capacidad regulatoria y sancionatoria sobre la actividad, opinan desde el gremio.