Fuente: pixabay
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La Secretaría de Trabajo de la Nación decidió intervenir en el conflicto que mantiene la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con las cámaras empresariales del interior del país. Ante la inminencia de una medida de fuerza que amenazaba con paralizar el servicio en las provincias, el Gobierno dictó la conciliación obligatoria por un período de 15 días hábiles.
La medida administrativa fue comunicada oficialmente en las últimas horas, con el objetivo de garantizar la normal prestación del servicio de transporte público de pasajeros. La resolución busca desactivar el paro que el gremio de los choferes había anunciado como respuesta a la falta de avances en la negociación paritaria.
Con esta disposición, el sindicato que conduce Roberto Fernández deberá levantar cualquier acción directa y retrotraer la situación al estado previo al conflicto. Esto implica que los colectivos en las principales ciudades del interior deberán circular con sus cronogramas habituales, evitando el caos de movilidad que se preveía para las próximas jornadas.
El nudo del conflicto radica en el reclamo salarial de la UTA, que exige para los conductores del interior del país el mismo acuerdo de recomposición de haberes que se cerró recientemente para los trabajadores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El gremio sostiene la premisa de “igual tarea, igual remuneración”.
Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) manifestó en reiteradas ocasiones la “imposibilidad” de afrontar esos aumentos. Las empresas argumentan que la ecuación económica-financiera de las compañías del interior está quebrada debido a la disparidad en los subsidios y las tarifas en comparación con la Capital y el Gran Buenos Aires.
La intervención de la cartera laboral abre ahora un nuevo compás de espera. Durante las próximas dos semanas, las partes estarán obligadas a sentarse a negociar bajo la supervisión de los funcionarios nacionales, buscando acercar posiciones que hoy parecen distantes en cuanto a los números.
Desde el Gobierno advirtieron que fiscalizarán el cumplimiento estricto de la conciliación. En caso de que el gremio decida desconocer la orden y avanzar con el cese de actividades, se expone a multas económicas severas y a posibles sanciones sobre su personería gremial, una advertencia que suele pesar en estas instancias.
Esta disputa no es nueva y refleja las asimetrías federales en el sistema de transporte. Mientras en el AMBA los fondos fluyen con mayor regularidad para sostener la paritaria, en el resto del país la dependencia de los giros nacionales y los aportes provinciales genera tensiones constantes cada vez que se discute una actualización de sueldos.
Se espera que en las próximas horas se notifique la fecha y hora de la primera audiencia formal en el Ministerio. Allí, empresarios y sindicalistas deberán poner sobre la mesa las planillas de costos y las pretensiones salariales para intentar desactivar la bomba de tiempo antes de que venza el plazo legal de la conciliación.