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La última batalla por el futuro del sector nuclear argentino acaba de comenzar -de forma simbólica- en el Día de la Energía Nuclear. Desde la secretaría del área, bajo la órbita del Ministerio de Economía, se presentaron los nuevos lineamientos de política nuclear del gobierno de Javier Milei, un documento al que pudo acceder El Cronista y que ratifica el carácter estratégico de la actividad, pero redefine los criterios bajo los cuales deberán evaluarse proyectos, inversiones y empresas del sector.
La hoja de ruta oficial pone el foco en exportaciones, disciplina fiscal, participación privada y resultados verificables. Con un enfoque ambicioso, abre una discusión con los postulados históricos del sector en Argentina. Pero en el peronismo entienden que el prisma comercial no es más que una excusa que compromete activos estratégicos del país. Y están decididos a bloquearlo con nuevas leyes del Congreso.
Los lineamientos se presentaron en el acto por el 76° aniversario de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), fundada en mayo de 1950. Allí, el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, repasó la trayectoria del sector y planteó que la Argentina enfrenta una oportunidad vinculada a la transición energética, la demanda eléctrica asociada a la inteligencia artificial y la reconfiguración geopolítica del ciclo del combustible nuclear.
En ese marco, Ramos Napoli sostuvo: “Por primera vez, Estado y sector privado van a trabajar juntos para potenciar cada eslabón del sector nuclear argentino. Esa es la fórmula que va a escalar nuestras capacidades y transformar décadas de conocimiento en crecimiento concreto. La Argentina tiene todo para liderar, y este es el camino para lograrlo”.
El documento oficial que contiene los nuevos lineamientos para el sector parte de un reconocimiento: la actividad nuclear argentina es una política de Estado desde la creación de la CNEA y constituye una capacidad acumulada durante más de siete décadas. Pero al mismo tiempo introduce una crítica fuerte a la manera en que el sector fue administrado históricamente y se proyecta desde ese lugar para proponer un giro radical.
La tesis central es que la continuidad del sistema nuclear no puede justificarse únicamente por su historia, su valor simbólico o su peso institucional. El texto lo formula de manera directa: “El sector nuclear argentino existe para entregar resultados verificables al país que financia su operación. Cualquier otra justificación constituye un subproducto, no un fundamento”.
Ese concepto atraviesa toda la nueva doctrina. El Gobierno no plantea abandonar la actividad nuclear, sino reorganizarla bajo criterios económicos, comerciales y de eficiencia. La soberanía tecnológica sigue apareciendo como un valor, pero subordinada a la capacidad real de producir bienes, servicios, exportaciones y resultados concretos.
En esa lectura, la Argentina logró construir ciencia y tecnología nuclear de alto nivel, pero no siempre consiguió convertir ese capital en una industria de escala equivalente. La nueva política busca cerrar esa brecha entre capacidad técnica disponible y resultado económico obtenido, replanteándose el lugar que debe ocupar el Estado y sus recursos en el esquema nuclear.
La definición no llega en el vacío. En paralelo, el peronismo comenzó a mover sus fichas en el Congreso para blindar por ley algunos de los activos que considera estratégicos, en especial el reactor CAREM, y para limitar eventuales decisiones futuras sobre programas de investigación, transferencia tecnológica y acuerdos internacionales.
Desde el Gobierno sostienen que la revisión de la estrategia nuclear no puede separarse del lugar que ocupa hoy la Argentina en un mapa fluctuante. Por eso el segundo eje del documento avanza sobre un escenario geopolítico donde la energía nuclear se convierte en una herramienta más, tanto a nivel político como de oportunidad comercial.
En su lectura del contexto internacional, la Secretaría de Asuntos Nucleares sostiene que el mundo atraviesa una nueva fase de valorización de la energía nuclear por tres factores simultáneos.
El primero es la necesidad de generación eléctrica firme, despachable y de bajas emisiones. El documento remarca que las matrices energéticas con alta participación renovable muestran límites técnicos cuando se enfrentan a problemas de intermitencia, almacenamiento y confiabilidad.
El segundo factor es la nueva demanda eléctrica generada por la inteligencia artificial y los centros de datos. Según el texto, este tipo de consumo requiere energía estable, continua y de alta confiabilidad, atributos que encajan con la generación nuclear y, potencialmente, con reactores modulares pequeños.
El tercer factor es netamente geopolítico. La concentración global de capacidades críticas del ciclo del combustible en pocos proveedores abrió una búsqueda de alternativas confiables. Para el Ejecuivo, la Argentina puede aprovechar su trayectoria nuclear pacífica, su capacidad técnica y su ubicación fuera de zonas de tensión global para insertarse en esas cadenas.
Por supuesto, el celoso alineamiento con Estados Unidos no permanece ajeno a todo esto. De hecho, se esperaba el arribo en este fin de semana del secretario de Estado adjunto para Asuntos sobre Control de armas y No proliferación, Christopher Yeaw, uno de los rostros políticos de la gestión de Donald Trump en lo que refiere al programa de Infraestructura Fundamental para el Uso Responsable de la Tecnología de Reactores Modulares Pequeños (First, por sus siglas en inglés) al que adhirió la Argentina.
Mientras se encuentre en Buenos Aires Yeaw mantendrá reuniones con representantes de Economía, Salud y la Cancillería. Incluso ya mantuvo reuniones en el pasado con el titular de la OIEA, Rafael Grossi, a quien la Rosada se postula para presidir la ONU. “Dialogará sobre la seguridad espacial, la colaboración en materia de energía nuclear civil y la cooperación económica”, explicitó el Departamento de Estado en un comunicado publicado el último viernes.
Los principios que ordenarán la nueva política nuclear y cómo se evaluarán los proyectos
De la lectura del documento que presentó la Secretaría de Asuntos Nucleares subyace que la apuesta oficial no está centrada sólo en producir energía eléctrica. El foco prioritario está puesto en convertir al ecosistema nuclear en un sector exportador de alto valor agregado, con servicios, tecnología, ingeniería, combustibles, componentes y conocimiento aplicado. De ahí que el corazón del documento radica en los principios que deberán orientar la actividad futura.
El primero es la validación comercial. La factibilidad técnica ya no alcanzará para sostener un proyecto. Toda iniciativa deberá demostrar demanda, mercado, clientes posibles o una oportunidad concreta de inserción. La pregunta ya no será únicamente si algo puede hacerse, sino si tiene sentido económico hacerlo. En ese punto, el documento advierte: “Un proyecto que demuestra factibilidad técnica pero no encuentra cliente no debe entenderse como éxito incompleto sino como costo en sentido económico estricto”.
El segundo principio es la autonomía por entrega efectiva. La política nuclear ya no será medida por declaraciones de soberanía, sino por capacidades disponibles, instalaciones operativas, servicios prestados, exportaciones concretas y resultados verificables. La formulación del documento es directa: “Segundo principio: la autonomía nuclear se acredita por entrega efectiva, no por declaración pública”.
El tercer principio es la continuidad con evaluación. La permanencia de un proyecto deberá justificarse por su desempeño. El hecho de que una iniciativa lleve años en marcha o haya absorbido recursos públicos no será, por sí solo, argumento suficiente para sostenerla indefinidamente. En ese sentido, los lineamientos establecen: “Tercer principio: la continuidad institucional sin resultados verificables debe entenderse como inercia, no como virtud”.
El cuarto principio ordena la investigación científica y tecnológica bajo una finalidad productiva. El documento no niega el valor de la investigación, pero la vincula a objetivos estratégicos, industriales, comerciales o tecnológicos concretos.
El quinto principio incorpora al sector privado como socio del Estado. La lógica oficial distingue entre rectoría estatal y operación sectorial. El Estado conserva la conducción política, la regulación, las salvaguardias y la responsabilidad institucional, pero la producción, los servicios o determinados desarrollos pueden organizarse con participación privada.
El sexto principio es la disciplina fiscal. Los proyectos nucleares deberán ser evaluados como cualquier otra inversión pública relevante: por costo, oportunidad, resultados esperados, financiamiento disponible y alternativas posibles. El texto lo resume así: “Sexto principio: la disciplina fiscal y la eficiencia operativa constituyen condiciones de cumplimiento obligatorio, no preferencias programáticas”.
Los lineamientos también establecen criterios para ordenar los proyectos en curso y las futuras inversiones. La nueva regla será analizar cada iniciativa a partir de tres preguntas: si existe mercado, si el costo guarda proporción con el resultado esperado y si el cronograma es realista.
Ese punto puede tener impacto sobre proyectos históricos, programas demorados o iniciativas que acumulen inversiones sin resultados finales verificables. Es quizás uno de los puntos más sensibles sobre el cual se apalanca la resistencia del peronismo al nuevo modelo, alegando que puede derivar en el cierre o el desfinanciamiento de proyectos por razones políticas o presiones foráneas.
Acorde al documento oficial, la nueva doctrina solo busca evitar que los recursos ya gastados funcionen como justificación automática para seguir financiando proyectos. Sobre ese punto, el texto sostiene: “El gasto incurrido constituye dato sobre el pasado; las decisiones de continuidad se toman sobre proyecciones futuras”.
El documento también marca una diferencia entre conducir políticamente el sector y operarlo como Estado empresario. La conducción es indelegable: sólo el Estado puede fijar prioridades estratégicas, representar al país en materia de salvaguardias, regular, planificar y rendir cuentas. Pero la operación productiva puede adoptar distintas formas, incluidas asociaciones con privados o esquemas comerciales más flexibles.
En esa línea, la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares aparece como una pieza central. El organismo concentra la conducción política del sector y busca separar la definición estratégica de la ejecución técnica que corresponde a la CNEA, Nucleoeléctrica, la Autoridad Regulatoria Nuclear y las empresas vinculadas.
La reacción del peronismo al plan nuclear de Milei: dos leyes para blindar activos estratégicos
La discusión no quedó restringida al plano técnico. En el marco del Día Nacional de la Energía Atómica, Juliana Di Tullio y Eduardo “Wado” de Pedro impulsaron proyectos de ley bajo la proclama de proteger el desarrollo nuclear argentino, resguardar el CAREM y establecer mayores controles institucionales sobre decisiones estratégicas del sector.
Uno de los proyectos busca impedir la cancelación del reactor CAREM, la transferencia de la tecnología desarrollada en torno al proyecto o su desvinculación de la CNEA sin una mayoría agravada de dos tercios del Congreso.
El segundo extiende esa lógica a programas de investigación y desarrollo, transferencia tecnológica, acuerdos internacionales de cooperación y otras decisiones estructurales.
La contraposición doctrinaria es clara. Mientras el Gobierno impulsa validación comercial, participación privada y revisión permanente de proyectos, el peronismo propone blindaje institucional, continuidad estratégica y protección legislativa de capacidades construidas durante décadas. “No podemos permitir que una política transversal como ésta quede a merced de las decisiones arbitrarias de los gobiernos de turno. Los argentinos y argentinas nos merecemos diseñar y sostener estrategias a largo plazo”, planteó Di Tullio
La senadora también cuestionó el rumbo oficial al afirmar que “todas las propuestas de desarrollo de este gobierno están orientadas a la extracción indiscriminada de nuestros recursos, a la entrega de nuestro patrimonio”. Y concluyó: “No podemos permitir que además destruya el sistema de ciencia y tecnología”.
Wado de Pedro, por su parte, puso el foco en la trayectoria acumulada por el país: “Somos uno de los pocos países del mundo que desarrolló el ciclo completo de la tecnología nuclear con fines pacíficos. Ahí hay décadas de inversión pública, trabajo argentino, formación de recursos humanos y desarrollo científico que forman parte del patrimonio estratégico de la Nación”.
En la misma línea, definió al CAREM como “una muestra de la capacidad que tiene la Argentina para generar tecnología de punta, agregar valor al conocimiento y construir soberanía tecnológica”. Desde el peronismo resaltan que la tensión de fondo excede al CAREM. Lo que empieza a discutirse es qué significa hoy defender el sector nuclear argentino.
Para el Gobierno, preservar el sistema implica capitalizarlo: convertir capacidades en exportaciones, incorporar privados, orientar la investigación a resultados, cerrar la distancia entre conocimiento acumulado y valor económico, y someter los proyectos a criterios de eficiencia. A ojos del peronismo, en cambio, la prioridad es resguardar activos estratégicos frente a decisiones que considera riesgosas para la soberanía tecnológica, la continuidad de largo plazo y el patrimonio científico acumulado por el Estado.
Estado empresario vs Estado operador: los dos modelos en juego detrás de la pelea nuclear
La conclusión general de los lineamientos es que el Estado debe mantener la conducción política del sector nuclear, pero revisar su rol como operador directo de todas las actividades productivas. En palabras del propio documento, “La presencia del Estado en el sector, en consecuencia, no constituye una opción ideológica sino una exigencia estructural”.
No obstante, el texto oficial hace una distinción clave: “La pregunta políticamente relevante no es si el Estado debe conducir el sector nuclear, sino con qué grado de eficiencia lo hace y bajo qué arquitectura institucional ejerce esa conducción”. Allí se concentra el giro doctrinario. El Estado no se retira, pero cambia de función. Conduce, regula, planifica y define prioridades. Al mismo tiempo, busca abrir espacio a esquemas donde el sector privado participe como socio, operador, financista o canal de comercialización.
El debate que se abre ahora es hasta dónde puede avanzar ese rediseño sin afectar capacidades que parte del sistema político considera irremplazables. En esa frontera se cruzan el documento oficial, el futuro del CAREM, el rol de la CNEA, la estrategia exportadora y la disputa más amplia por el sentido de la política nuclear argentina.
La nueva etapa ya empezó. El Gobierno presentó su doctrina y el peronismo respondió con proyectos que buscan bloquearlo. Lo que está en juego no es sólo una discusión sobre tecnología nuclear, sino sobre el modelo de Estado, de desarrollo y de inserción internacional que la Argentina quiere construir a partir de uno de sus activos científicos más sofisticados.