Luego de haberla incumplido en 2024, el presidente Javier Milei prometió una "reforma tributaria estructural" para este año en el discurso de la Asamblea Legislativa, pero de llegar deberá primero avanzar con un nuevo pacto fiscal con las provincias y los municipios.
Lo hizo al retomar la idea de otras reformas, como la laboral. "Solo con un mercado laboral dinámico, que genere empleo formal, podremos aspirar a tener el sistema previsional sustentable que décadas de desmanejo arruinaron", dijo. Y en ese contexto, agregó: "también es imperativo llevar a cabo una reforma impositiva estructural, para así reducir en un 90% la cantidad de impuestos nacionales y pasar a tener únicamente seis impuestos, terminando con el infierno logístico que implica tributar en Argentina".
En cuanto al pacto federal, planteó que lo que se busca es "brindarle autonomía fiscal a las provincias en los impuestos que hoy recauda el Estado nacional en su nombre. De este modo, el Estado nacional establecerá un piso mínimo para cada impuesto, sustancialmente inferior al total actual, y luego las provincias podrán elevarlo a su criterio, lo que indudablemente generará una competencia fiscal entre las provincias que dinamizará así sus economías".
A fines del año pasado, en la Unión Industrial Argentina (UIA) consideraban que la firma de un pacto fiscal, dada la reciente experiencia, contribuiría con poco a bajar la presión tributaria, pero la postura cambio luego del último encuentro con el ministro de Economía, Luis Caputo.
Tras la reunión con el titular de la cartera, tras meses de demora, dejaron entrever que podría ser una de las posibilidades. Según pudo saber, El Cronista con fuentes internas en la UIA esperan medidas para "nivelar la cancha" en marzo. La expectativa de un anuncio está puesta en la apertura de Sesiones Legislativas este sábado.
Las lecciones del pacto fiscal
En caso en que se opte por la firma de un nuevo pacto fiscal, debería aprenderse de los errores que se cometieron durante la firma en el Gobierno de Carlos Menem (1993) y en el de Mauricio Macri (2017) donde las provincias incumplieron sus promesas.
Para que los objetivos de mediano y largo plazo no queden en la nada, el CEO del recientemente fusionado estudio Lisicki, Litvin & Abelovich,Cesar Litvin consideró que se deben darse dos premisas a la vez: que el Gobierno mantenga su compromiso con el equilibrio fiscal sustentable y que las provincias y municipios no diluyan el esfuerzo nacional con aumento de tributos.
"Para lograrlo sin afectar el crecimiento ni la inclusión social, es necesario atacar el gasto público y administrar de forma eficiente y sostenible los ingresos fiscales, cuestiones que parecería que el Gobierno Nacional está estableciendo como prioridad", afirmó Litvin.
"Palo y zanahoria"
Pero para que se cumpla con la segunda, no se debe dejar al libre albedrío a las provincias y municipios, sino que se deben establecer en el nuevo pacto "premios" y "castigos" en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.
"Un nuevo Pacto Fiscal Federal debería contener ventajas concretas para las provincias cumplidoras y sanciones muy duras para quienes incumplan lo convenido", afirmó. Entre las primeras, sostuvo, que debería contemplarse una rebaja de alícuotas o eliminación de tributos nacionales en las jurisdicciones.
Como también condicionar al cumplimiento el giro de aportes discrecionales del Tesoro Nacional, el financiamiento de las cajas previsionales provinciales, el otorgamiento de autorizaciones de la Nación para endeudamiento internacional de las provincias y la asignación de obra pública.
"Entre las exigencias a las provincias debería incluirse la progresiva reducción de la presión tributaria a nivel provincial y municipal y la eliminación de impuestos distorsivos y su sustitución por otros que no se superpongan con los nacionales", aseguro.
En cuanto a los "castigos", marcó que, ante el incumplimiento de las provincias a las exigencias establecidas en el pacto, el Gobierno Nacional debería automáticamente suspender las ventajas mencionadas anteriormente.
Reforma: sin autor
A más de dos meses del anuncio por parte del presidente, no se sabe quién es el autor de la "reforma tributaria estructural" ni en qué estado se encuentra. Aunque en el círculo de Caputo aseguran que está bajo la órbita del secretario de Hacienda, Carlos Guberman con formación en economía con maestría y PhD en la Universidad de Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA).
No está claro si uno de los autores principales de la Ley Bases y el capítulo fiscal, el socio del Departamento de Impuestos de Bruchou & Funes de Rioja, Liban Kusa aún ejerce influencia en el Gobierno. En Casa Rosada aseguran que terminó con la salida de Nicolás Posse de la Jefatura de Gabinete.
En línea con el planteo de Milei de eliminar el 90% de los impuestos y devolverles las potestades a las provincias, Litvin consideró que los tributos de escasa recaudación deben dejar de existir. Y los que sobrevivan modificarlo para mejorar la competitividad y simplificar del sistema tributario.
Así, aseguró que se debe apuntar a que el impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) sea reemplazado por uno que grave solo a la venta minorista. Mientras que los Derechos de Exportación, el impuesto a los Créditos y Débitos en cuenta bancarias y a los Sellos se tendría que eliminar.
Según pudo saber este medio, en la reunión con la Sociedad Rural, Federación Agraria Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales de semanas atrás, Caputo prometió que el próximo paso del Gobierno será sobre el impuesto al cheque.
En cuanto al impuesto a las Ganancias, Litvin afirmó que se debe dar una amortización acelerada y dar deducciones especiales para exportaciones incrementales (incentivos fiscales para promoverlas en sectores claves de la economía, que se aplican al volumen que supera un determinado umbral en comparación con un período base establecido). Además del cómputo de quebrantos actualizados y sin límite temporal.
Para el Impuesto al Valor Agregado (IVA) establecer la libre disponibilidad de saldos a favor técnicos. Mientras que las tasas municipales se deben determinar su cuánta en función del costo que la prestación del servicio tiene para el Municipio. "Deben corresponder a un servicio efectivamente prestado al contribuyente", aseguró.
Por último, apuntó contra cómo son las retenciones, percepciones y pagos a cuenta. "El sistema hoy contempla infinidad de regímenes de retención y percepción, lo que genera gran cantidad de pagos a cuenta cuando el hecho imponible aún no se ha verificado. Esto debe modificarse buscando que la regla general sea que los adelantos o pagos a cuenta del tributo sean obligatorios una vez que se produjo el hecho imponible que genera la obligación de tributar", argumentó.
A la par de eliminar el requisito del "pago previo" a los fines de discutir la procedencia del tributo y también generalizar el efecto suspensivo de la apelación en relación con todos los impuestos, tasas y contribuciones. "Para que el contribuyente tenga la posibilidad de ejercer su derecho de defensa sin que los fiscos puedan ejecutar la "supuesta deuda" o trabar embargos en virtud de la presunción de legitimidad del acto administrativo", aseguró.