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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en la disputa con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas. Javier Milei instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos oficiales para iniciar un procedimiento de arbitraje internacional previsto por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), con el proyecto petrolero Sea Lion como objetivo inmediato.
Según informó la Oficina del Presidente, la Argentina buscará activar el mecanismo establecido en el Anexo VII de la Convención para impedir lo que el Gobierno considera una explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos de la Cuenca Malvinas Norte y avanzar contra nuevas medidas británicas que puedan modificar la situación, particularmente el otorgamiento de permisos de explotación sobre recursos naturales.
La decisión incorpora además un plazo concreto. Argentina intimó formalmente al Reino Unido para que dentro de dos semanas adopte medidas destinadas a impedir el inicio o la continuidad de las actividades vinculadas con la explotación de hidrocarburos en los espacios marítimos reclamados por el país.
Si Londres no responde en los términos exigidos, el Ejecutivo anticipó el siguiente movimiento: solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales con el objetivo de preservar los derechos soberanos que Argentina reivindica sobre la plataforma continental.
“DEFENDIENDO CON HECHOS”, posteó el Presidente en su cuenta de X. Y añadió: “Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras.”
Malvinas y petróleo: qué implica el arbitraje que ordenó Milei a través de la CONVEMAR
El Anexo VII de la CONVEMAR establece un mecanismo para resolver controversias relativas a la interpretación o aplicación de la Convención. El procedimiento puede ser iniciado por una de las partes mediante una notificación escrita y, salvo un acuerdo diferente, el tribunal arbitral queda conformado por cinco miembros. Sus decisiones finales son obligatorias para las partes.
El anuncio, sin embargo, no supone que la cuestión de soberanía sobre Malvinas pase automáticamente a ser resuelta por ese tribunal. El planteo argentino está enfocado en la explotación de recursos y los derechos derivados del Derecho del Mar, mientras que cualquier discusión sobre el alcance de la competencia del tribunal deberá ser resuelta dentro del propio procedimiento.
La Convención contempla además que, mientras se constituye el tribunal arbitral, una parte pueda reclamar medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Para disponerlas, éste debe considerar, entre otros elementos, que existe prima facie jurisdicción y que la urgencia de la situación las justifica.
Argentina aprobó la CONVEMAR mediante la Ley 24.543 y dejó al ratificarla una declaración específica respecto de Malvinas, en la que sostuvo que el tratado no alteraba su posición sobre las islas y sus espacios marítimos. En ese instrumento mencionó expresamente las resoluciones de Naciones Unidas vinculadas con la controversia.
El comunicado presidencial volvió precisamente sobre dos de ellas. La Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General reconoció en 1965 la existencia de una disputa entre Argentina y el Reino Unido e instó a las partes a buscar una solución negociada. La 31/49, aprobada en 1976, pidió evitar decisiones unilaterales que modificaran la situación mientras continuara el proceso recomendado por Naciones Unidas.
La explotación petrolera de Sea Lion y el ultimátum de dos semanas: en qué consiste
La decisión llega cuando Sea Lion dejó hace tiempo de ser solamente un proyecto sobre el papel. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión para desarrollar el yacimiento, ubicado al norte de las islas.
Navitas proyecta una primera etapa con 11 pozos submarinos conectados a una unidad flotante de producción y apunta al primer petróleo en 2028. Rockhopper informó este año que la perforación está prevista para comenzar a principios de 2027.
Es sobre ese cronograma que busca operar ahora la ofensiva jurídica argentina. El Gobierno sostiene que una explotación unilateral de los recursos naturales provocaría un perjuicio “irreversible e irreparable” sobre los derechos que reivindica y pretende conseguir primero una respuesta británica y, si eso no ocurre, una intervención cautelar internacional.
Londres mantiene una posición contrapuesta. El gobierno británico reiteró este mes ante la ONU que considera a las islas como territorio británico, defiende la autodeterminación de sus habitantes y sostiene que el desarrollo de sus recursos naturales corresponde a los isleños. Argentina rechaza ese encuadre y sostiene que el referéndum celebrado en 2013 no altera la existencia de la disputa reconocida por Naciones Unidas.
El comunicado argentino también abrió otro frente alrededor de THALES UK LIMITED. La Casa Rosada aseguró haber detectado operaciones de esa empresa en la ruta aérea entre Malvinas y Punta Arenas, realizadas mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. Milei ordenó iniciar en forma urgente procedimientos sancionatorios administrativos, denuncias penales y las correspondientes gestiones diplomáticas.
Hace unas semanas, desde el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM-La Plata) enviaron una carta documento al canciller Pablo Quirno luego de conocerse el proyecto de una conexión marítima comercial entre aquella ciudad portuaria del sur chileno y Puerto Argentino.
La razón es que los excombatientes no la consideraban un simple enlace destinado al intercambio de mercaderías: sostienen que podría transformarse en una pieza logística para abastecer Sea Lion. Por eso exigieron a la Cancillería que actúe tanto diplomática como administrativamente según el decreto 868/26. Pero desde el ministerio nunca respondieron.
En paralelo, la Justicia federal en Tierra del Fuego aceptó hoy la intervención en el expediente del Municipio de Tierra del Fuego en calidad de tercero interesado. Se trata de la causa iniciada por el riesgo de impacto ambiental en la exploración del yacimiento hasta tanto se cumplan con los requisitos que fija la ley nacional.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados”, advirtió Presidencia al cerrar el comunicado, en vísperas que el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional empiece a tratarse en el Congreso. El timing no es un dato menor.
Con el arbitraje, el pedido de medidas provisionales, las actuaciones contra empresas y la presión diplomática, el Gobierno busca así trasladar el conflicto por Sea Lion a un nuevo terreno jurídico internacional. Y seguir capitalizando dentro de las fronteras el tema.