En los 90, el Banco Mundial y otros organismos multilaterales acompañaron con financiamiento y asistencia técnica las privatizaciones, la desregulación y la reforma de la administración pública. Tres décadas después, vuelven a involucrarse en la transformación del Estado argentino, en una relación que recupera protagonismo
La alerta más reciente la dio la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quienes advirtieron un financiamiento por u$s 300 millones por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para los programas de retiros voluntarios impulsados por el Gobierno nacional. Del Decreto 1177/2026 se desprende que al menos u$s 60 millones serían destinados a ese fin.
Además de los retiros, el organismo financiará el Programa de Transformación del Estado, que contempla u$s 800 millones para el diseño e implementación de procesos de reclutamiento y selección, el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la gestión de recursos humanos, la mejora en los procesos de requerimientos técnicos para contrataciones, la actualización de bienes y servicios de tecnologías, la “modernización del sistema nacional de compras públicas y el fortalecimiento de las capacidades en contrataciones públicas”, y la “implementación del Sistema Integrado de Gestión de Recursos Humanos, incorporando información desagregada por sexo y situación de discapacidad en la trayectoria y remuneración”.
El apoyo del BID no se reduce a los procesos de privatización, modernización o retiros voluntarios: si bien el banco destinó al menos u$s 760 millones a procesos vinculados a la desregulación, modernización o transformación del Estado en los últimos tres años, su participación en Argentina en ese período supera los u$s 4000 millones, pero con distintos objetivos.
Los fondos fueron destinados a la ejecución de reformas políticas que mejoren “el ambiente de negocios para contribuir al incremento de la competitividad del país”. Entre los objetivos de un primer financiamiento por u$s 400 millones estaban la reducción de los costos de cumplimiento regulatorio de las empresas con el Estado, “reducir la participación de empresas públicas nacionales en la economía” e incrementar el comercio exterior.
Otros préstamos menores estuvieron orientados al fortalecimiento de la gestión fiscal federal, con el objetivo de impulsar una modernización administrativa. Desde entonces se incorpora el informe de Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo que establece las condiciones para las que podrán usarse.
En el caso del Banco Mundial, su participación se vincula en gran parte con los procesos de privatizaciones, pero también con la modernización de la administración tributaria y en programas de focalización de subsidios.
El antecedente de los 90
La participación de los organismos en los procesos conocidos como de modernización del Estado no es nueva y tiene sus antecedentes en Argentina en el proceso de privatizaciones de los 90, druante el gobierno de Carlos Menem.
Si bien las empresas privatizadas enfrentaron dificultades operativas y financieras una vez que pasaron a manos privadas, los organismos internacionales mantuvieron su respaldo al proceso.
En un primer análisis de 1995, el Banco Mundial destacó que las privatizaciones implicaron riesgos considerables, pero “cuando las reformas están respaldadas por el firme compromiso de las autoridades y se fundan en una minuciosa labor sectorial, pueden lograr resultados notables”. En este sentido, destacó el caso argentino.
El respaldo del organismo se extendió incluso cuando en 2003 las empresas reclamaron poder compensar el aumento de costos que implicó la devaluación, algo que el Banco Mundial rechazó.
El organismo volvió a involucrarse con los procesos de privatización actuales. En gran parte, ofició como revisor técnico de los decretos, condición necesaria para que, llegado el caso, se pudiera optar por recurrir al centro de arbitraje internacional bajo su control, el CIADI, órgano que no ha representado a lo largo de la historia grandes triunfos para Argentina, viendo pérdidas en el 85% de los casos.
El involucramiento del Banco Mundial y otros organismos en las privatizaciones es una condición que pidieron las empresas extranjeras para participar de las privatizaciones que se están llevando a cabo durante la gestión de Javier Milei.
En su planteo, les daba mayor atractivo la posibilidad de contar con el respaldo de tribunales internacionales y un organismo superior revisor. Muchas de ellas analizaron de cerca el antecedente de los 90.
Su participación técnica también fue fundamental para avanzar en las licitaciones públicas internacionales que rigen para las privatizaciones y concesiones. Esto era necesario para participar en el sistema del organismo, Dgmarket, la plataforma de licitaciones donde los competidores pueden hacer distintas consultas sobre los pliegos.