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Antes de la reunión del Gobierno con los gobernadores en Casa Rosada, el propio equipo de Javier Mileireconocía que el capítulo de las privatizaciones sería uno de los más "ríspidos" para la negociación y la consecuente aprobación legislativa. A pesar de ser 41 las empresas insertas en la redacción original de la Ley Bases, los libertarios optaron por acotar ese número a tan solo 13 en la nueva versión de la norma: así y todo, ya hay una que presenta fuertes discrepancias de parte de algunos mandatarios.
"Se incluyó aquellas en las que había mayor acuerdo. Igualmente está todo sujeto a debate y conversación en el Congreso y durante las próximas reuniones técnicas a convocarse", justifican desde fuentes gubernamentales ante la consulta de El Cronista. El listado definitivo lo integran, mayoritariamente, empresas y sociedades estatales vinculadas al ámbito del transporte, la energía y las telecomunicaciones.
El jefe de Gabinete Nicolás Posse lideró el viernes pasado la reunión con los 20 gobernadores y cuatro vicegobernadores en Casa Rosada. En un apartado del encuentro, el funcionario y mano derecha de Javier Milei anunció la entrega de una carpeta con el listado de empresas públicas a privatizar o convertir en empresas mixtas o concesiones.
La reducción sorprendió a varios mandatarios provinciales allí presentes, dado que ese número era menor a las 27 empresas que habían sido pactadas con algunos sectores durante el debate legislativo de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados. Pero desde el Gobierno afirman que se readecuaron objetivos y que se analizará qué hacer con el resto que no fueron incluidas.
Las 13 compañías que estarán en la nueva Ley Bases
El listado que les acercó Posse a los gobernadores días atrás incluye la privatización de Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina, YCRT e Intercargo. También pide la conversión a empresa mixta de Nucleoeléctrica Argentina, Banco de la Nación Argentina (y todas las empresas satélites del Grupo Nación como Nación Bursátil, Reaseguros, Seguros de Retiro, Seguros, Servicios y Pellegrini) y Arsat.
En un párrafo aparte están empresas que pueden tener dos alternativas: la privatización o la concesión de sus servicios. En ese listado de cinco están AYSA, Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logísticas (Trenes Argentinos Cargas), Sociedad Operadora Ferroviaria (Trenes Argentinos Operaciones) y Corredores Viales.
Varias se encuadran dentro de las denominadas Sociedades del Estado. Entre este último grupo está Télam, que fue removida del listado dado a conocer por el Gobierno porque, según su interpretación, el proceso administrativo para su cierre no precisa de autorización legislativa: afirman que pueden liquidarla porque en el Decreto 70/23 publicado el año pasado se deroga la Ley N°20.705, que regula las Sociedades del Estado y su proceso de cierre.
Este medio consultó acerca de si otras compañías englobadas en ese tipo jurídico también eran pasibles de pasar por el mismo procedimiento de Télam.
"Por el momento se trabaja en analizar cómo están y hacerlas eficientes", alegó un funcionario mileista acerca de las compañías excluidas de la negociación con gobernadores y legisladores nacionales. "El concepto que engloba todo es el de siempre, que la gente no tenga que mantener empresas que no funcionan", advierten.
La empresa a privatizar que ya tiene rechazos de gobernadores
El grupo de seis mandatarios de la Región Patagónica publicó un comunicado en la noche del martes manifestando su férrea oposición a "toda forma de privatización de la unidad económica de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT)".
"Tanto la Central Térmica como el Yacimiento y las minas de carbón fueron alguna vez -y pueden serlo ahora- rentables, no sólo para equilibrar las cuentas de sus diferentes ejercicios, sino también para generar rentabilidad económica y divisas; a través de gestiones transparentes, sin corrupción", afirmaron, culpabilizando a las administraciones anteriores por las "graves consecuencias" que dejaron.
En caso de la privatización o cierre de la compañía, alegan, las localidades de Río Turbio y 28 de noviembre quedarían prácticamente sin actividad productiva. Además, agregan que "ese carbón también se usa para calefaccionar otros miles de hogares de escasos recursos en las provincias de la Patagonia, que deben soportar temperaturas de 20 grados bajo cero".
Milei viajó a comienzos de enero a la provincia de Santa Cruz (en donde se ubica la central de YCRT) para hacer una escala de un día y luego viajar a la Antártida. Emplazado en Río Gallegos, mantuvo un cordial encuentro con el gobernador Claudio Vidal, quien le manifestó la buena sintonía que pretende con la administración nacional, aunque con algunas reservas: entre ellas estuvo el pedido de una alternativa diferente para la compañía carbonífera.
En el encuentro que mantuvo en su despacho, el santacruceño le entregó una carpeta al libertario que contenía la propuesta de los trabajadores de la Cuenca para optimizar la empresa estatal y evitar su cese. "Para él es un tema central y muy sensible", explica a El Cronista una fuente cercana a Vidal. "El gobernador va a defender YCRT y a los trabajadores siempre. La privatización no es algo que comparta, pero no es que la rechace tampoco. Cree que existen posibilidades antes de llegar a esa opción", agregan.
Meses atrás, el Gobierno designó al ingeniero y exfuncionario macrista Thierry Decoud como el interventor de la compañía y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos. YCRT cuenta con una dotación de más de 2000 trabajadores, de los cuales 900 trabajan dentro de la mina de carbón. Además, arrastra con un déficit en pesos que se remonta a varias gestiones.
Los trabajadores mantienen que un incremento productivo podría generar un superávit suficiente que además podría ser beneficioso para lograr cubrir la demanda de la región. Por el momento, desde el Gobierno no tienen un plan específico y esperan a la devolución que los gobernadores hagan cuando sea enviado el borrador de la nueva Ley Bases.