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El Gobierno de La Rioja, a cargo de Ricardo Quintela, se presentó ante la Justicia Federal para constituirse como querellante en la causa que investiga el posible desvío de fondos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) hacia colocaciones financieras, en lugar de destinarlos a obras y mantenimiento de la red vial nacional.
La denuncia alcanza al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, a funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y a autoridades del Banco Nación, y plantea posibles delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la documentación aportada, al 31 de mayo de 2026 los recursos del SISVIAL colocados en plazos fijos y letras del Tesoro sumaban $1.001.017.908.957.
De los aproximadamente $1,5 billones asignados al fondo en los primeros dos años y medio de gestión, solo unos $394.406 millones se aplicaron efectivamente a obras viales: una subejecución del 73,8%.
La versión oficial
La causa se inscribe en una polémica que el propio oficialismo alimentó semanas atrás. El vocero presidencial Adrián Ravier, en una entrevista con El Diario de La Pampa, admitió que una parte de los recursos que recauda el impuesto a los combustibles y que deberían financiar al SISVIAL no llega a Vialidad Nacional, sino que queda “a disposición del Ministerio de Economía” para sostener el equilibrio fiscal.
“Sin duda una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, sostuvo el funcionario, que además reconoció no poder precisar qué proporción de lo recaudado termina efectivamente en mantenimiento de rutas.
Ravier buscó matizar el impacto usando como ejemplo su propio tránsito por la Ruta Nacional 5, que según dijo estaría “peor” sin las tareas de mantenimiento de los últimos dos años y medio, y negó que exista malversación, al sostener que los fondos “están invertidos” y no perdidos.
Sus declaraciones, sin embargo, encendieron las alertas sobre el uso del fideicomiso vial para fines ajenos a su afectación específica.
El reclamo puntual de La Rioja
Para la provincia, el trasfondo nacional tiene una traducción concreta en su territorio. El planteo judicial señala que Nación dejó de renovar el convenio de Transferencia de Funciones Operativas para el mantenimiento de tramos de la Ruta Nacional 76, corredor clave hacia el Paso de Pircas Negras, pese a lo cual la provincia continuó sosteniendo esos trabajos con fondos propios: una inversión cercana a los $900 millones.
A eso se suma la paralización de la obra de pavimentación de esa misma ruta en la Quebrada de Santo Domingo, estratégica para la conexión con Chile, y el deterioro señalado en las rutas nacionales 78, 79 y 141, con baches y fallas que comprometen la seguridad vial.
La presentación también pide medidas urgentes para preservar instrucciones, correos, registros contables y bancarios vinculados al manejo del SISVIAL desde enero de 2024, además de información al Ministerio de Economía, al Banco Nación y a Vialidad Nacional para reconstruir la cadena de decisiones y determinar responsabilidades.