El Gobierno comenzó a delinear el cronograma legislativo para la próxima semana luego de ultimar los detalles de las negociaciones en el Congreso, con la misión de máxima que supone avanzar con el proyecto de reforma laboral que, entre sus puntos polémicos, incluye la modificación del “período de prueba”.
“Vamos paso a paso”, repiten desde las bancadas libertarias respecto de la exigente agenda pero, al mismo tiempo, ya se confirmó que el miércoles 11 de febrero el Senado irá a sesión para tratar el proyecto de modernización para la legislación del mundo del trabajo en Argentina.
Fue la senadora Patricia Bullrich, quien se mostró confiada con el escenario político: “Si no creyéramos que tenemos los votos, no convocaríamos”, aseguró.
Desde el Gobierno sostienen que existe un 95% de acuerdo con los senadores, y que las eventuales modificaciones que puedan introducirse al texto serían acotadas.
Según explican, los cambios en discusión se concentran en el fondo de desempleo y en alícuotas del impuesto a las Ganancias, pero no alterarían el núcleo del proyecto.
En ese marco, uno de los puntos que genera mayor atención —aunque no siempre ocupa el centro del debate público— es el cambio en el período de prueba laboral, una modificación que impacta directamente en el inicio de la relación entre empleadores y trabajadores.
De tres a seis meses (y hasta ocho)
En la legislación vigente, el período de prueba es de tres meses. Durante ese lapso, cualquiera de las partes puede extinguir la relación laboral sin expresión de causa y sin derecho a indemnización, aunque con obligación de preaviso y con todos los derechos laborales básicos vigentes.
El dictamen firmado en diciembre introduce un cambio sustancial: establece que el contrato de trabajo por tiempo indeterminado se considerará celebrado a prueba durante los primeros seis meses de vigencia, duplicando el plazo actual.
Además, incorpora una diferenciación sectorial relevante: para los trabajadores agrarios, el período de prueba se extenderá a ocho meses.
Durante ese lapso, el empleador podrá despedir sin indemnización y sin expresión de causa, pero se mantiene la prohibición de utilizar más de una vez el período de prueba con un mismo trabajador.
Desde el oficialismo, el cambio es defendido como una herramienta para fomentar la contratación formal y reducir el riesgo judicial asociado al empleo registrado.
El propio presidente Javier Milei ya había expuesto ese argumento cuando la Ley Bases intentó modificar la legislación laboral. Aquel capítulo luego fue frenado por la Justicia, pero su espíritu y su letra son retomadas en este proyecto.
“Estamos terminando con la industria del juicio. Extender el período de prueba no es quitar derechos, es dar oportunidades para que el que hoy está en la informalidad pueda entrar al sistema. Nadie contrata si sabe que el primer día ya tiene un pie en el juzgado laboral”, sostuvo el Presidente en aquel contexto.
La ampliación del período de prueba aparece así como una de las apuestas centrales del Gobierno para cambiar los incentivos del mercado laboral, bajo la premisa de que una mayor flexibilidad inicial puede traducirse en más empleo formal.
Del lado sindical, en cambio, las críticas son contundentes. El dirigente camionero Pablo Moyano cuestionó con dureza el proyecto y apuntó directamente contra el nuevo esquema de prueba laboral.
“Esta ley es un retroceso al siglo pasado. Quieren que los pibes laburen seis u ocho meses sin saber si mañana tienen trabajo. No vienen a crear empleo, vienen a abaratar el costo de los despidos y a disciplinar a los trabajadores con el miedo a ser echados sin un mango”, afirmó Moyano en declaraciones recientes.
El contrapunto resume uno de los ejes más sensibles del debate: mientras el Gobierno sostiene que la extensión del período de prueba y otras propuestas como el Fondo de Cese reducen y la litigiosidad, desde el sindicalismo advierten que -por el contrario- amplían la ventana de despido y abaratan el costo de prescindir de un trabajador.