El peronismo volvió a mirar el tablero y esta vez las fichas no le respondieron. Lo que pasó ya es historia: con 135 votos a favor, 115 en contra y sin abstenciones, Diputados le dio media sanción a la Reforma Laboral de Javier Milei y dejó a Fuerza Patria del lado de la derrota política, con un sabor amargo en los labios.
No fue solo una votación: fue la foto de la crisis que atraviesa el kirchnerismo, que gobernó 12 años la Argentina —y otros cuatro como parte de una coalición bajo el sello de Alberto Fernández— y que hoy asiste, impotente, al desmantelamiento acelerado de su proyecto estatal en solo 800 días de mandato libertario.
La contracara es la postal que inmortalizó el presidente de Diputados, Martín Menem, en una imagen con los integrantes de la Mesa Política al término de esa noche: Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. A ellos se sumó el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni y el responsable de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem.
“Esto es un desastre desde muchos puntos de vista. Para aquellos que tenemos una edad, una ideología y una pertenencia a un movimiento que dejó huellas, no es fácil, no es menor. Lo emocional también juega”, deslizó un funcionario del kicillofismo ante El Cronista en las horas posteriores a una derrota casi inevitable.
La bronca en el peronismo es mayor porque sabían que una parte del espacio —la que responde a los gobernadores— terminaría votando o, al menos, facilitando el trámite con su ausencia. No importaron las conversaciones previas ni los compromisos asumidos.
“Las explicaciones de por qué no acompañaron las tienen ellos”, respondió ofuscado uno de los triunviros de la CGT, Jorge Sola, en una entrevista en radio La Red a la mañana siguiente.
“Hemos hablado con 16 gobernadores, entre ellos todos los de signo peronista, nacionales y populares y la UCR también y muchos han decidido acompañar un proyecto que va en contra de sus principios. Es más, algunos se jactaron de cortarle la peluca al león y sin embargo mandaron sus diputados a votar. Los que se habían comprometido, porque hubo compromisos reales de acompañar la demanda de la CGT, han incumplido”, añadió el triunviro.
Los números en la medianoche del viernes hablaron con claridad quirúrgica. El oficialismo reunió el respaldo del PRO, la UCR, el MID, Adelante Buenos Aires y una constelación de bloques provinciales: Innovación Federal (Salta y Misiones), Por Santa Cruz, Producción y Trabajo (San Juan), Independencia (Tucumán) y La Neuquinidad. Una mayoría heterogénea, pero eficaz.
Del otro lado quedaron Fuerza Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, los monobloques peronistas de Primero San Luis y Defendamos Córdoba, el FIT y los libertarios disidentes de Coherencia.
Elijo Catamarca acumuló un resentimiento particular. El kirchnerismo los expuso sin rodeos en el recinto: haber dado quórum y luego no acompañar la ley no los salvó de la etiqueta de “traidores” que el peronismo combativo les colgó a sus pares de Córdoba (ausentes), Salta, Misiones, Santa Cruz y Tucumán. Tampoco los eximió del escarnio público.
“Va a ser duro —había admitido un referente de la provincia nórdica a este medio, en las puertas de la sesión, cuando todavía debatían si dar o no quórum, como finalmente hicieron habilitando el tratamiento—. Pero las diferencias se resuelven luego aquí, de forma interna”.
La provincia que comanda Raúl Jalil juega una partida propia con la Ley de Glaciares, cuyo dictamen está en pleno proceso de edición. No es la única: la acompañan Mendoza, San Juan, Salta y Jujuy, integrantes de la Mesa del Cobre y del Litio. No es casual que sean los mismos mandatarios que volvieron a alinearse con el Gobierno como en el pasado.
El dato político más fino estuvo en Provincias Unidas, que votó dividido y evidenció cuánto pesa la regla disciplinadora de la Rosada: quienes responden a gobernadores acompañaron o se ausentaron; el resto votó en contra. En votaciones ajustadas, las fisuras pesan más que los discursos.
El antecedente ya había sido elocuente en el Senado, donde la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Camau Espínola aportaron en ese momento sus votos al oficialismo. También salteños y misioneros habían mostrado sus cartas en línea con el oficialismo.
La película excede la noche de la derrota. Coloca al peronismo más duro contra las cuerdas en un año sin elecciones, pero con margen para que el Ejecutivo avance con reformas pendientes desde la primera versión de la Ley Bases. Algunas batallas podrían postergarse hasta conseguir mayoría propia.
La construcción que tejieron en tiempo récord “El Jefe” y los primos Menem, bajo la lógica de lealtad absoluta, promete expandirse en 2026 de la mano de Sebastián Pareja, el referente local. El foco legislativo también se trasladará a la Provincia de Buenos Aires, escenario de una de las grandes disputas de 2027, donde kicillofismo y kirchnerismo firmaron un armisticio, pero no el final de la guerra, como las dos Coreas.
Para el oficialismo, la votación fue una demostración de articulación parlamentaria. Para el peronismo, dejó al desnudo una dificultad estructural: ni siquiera con un paro nacional como telón de fondo —impulsado por la CGT y las CTA con la venia del transporte— logró bloquear la reforma ni fracturar la mayoría que la respalda.
Resistir la Reforma Laboral: cómo es el plan que activan las provincias
Nada sugiere que el paso final por el Senado, previsto para el próximo viernes, vaya a alterar el desenlace. Por eso, desde el sindicalismo y algunas provincias ya activaron el día después.
La respuesta inmediata será la judicialización pero la novedad es que no solo los gremios pero también los gobernadores podrían ir detrás de uan cautelar. “Es un camino decidido”, ratificó otro alto referente cegetista a este medio, a horas de la derrota en Diputados.
En el caso de las provincias, no está claro si podrían avanzar aún por ese camino y de qué forma, pero lo evalúan. “Ninguno de los artículos pasa el filtro de constitucionalidad”, sostienen desde el entorno de los mandatarios más críticos.
La fase dos del plan para resistir la Reforma Laboral una vez que se convierta en ley pasa por una ofensiva legislativa en distritos propios de manera tal de contener los efectos de la norma. Eso ya está en marcha.
Siete provincias difundieron, en la víspera de la votación, una “carta de intención” para avanzar con leyes locales que les permitan garantizar el poder de policía laboral que, según sostienen, la reforma les quita. Se trata de Buenos Aires (Axel Kicillof), La Rioja (Ricardo Quintela), Formosa (Gildo Insfrán), Tierra del Fuego (Gustavo Melella), La Pampa (Sergio Ziliotto), Santiago del Estero (Elias Suárez) y Misiones (Hugo Passalacqua).
Las seis primeras ya habían sellado en 2025 un reclamo conjunto a Nación para que se respete el federalismo. La Pampa y Santiago del Estero mantienen diálogo con la Rosada, pero sus legisladores rechazaron la reforma. Misiones, en cambio, firmó la carta de intención criticando lo que luego sus diputados acompañaron en el recinto el jueves.
No es la única contradicción en esta historia: Neuquén, San Luis, Santa Cruz, Salta, Tucumán y Catamarca votaron la ley mientras reclaman la convocatoria al Consejo Federal del Trabajo, el ámbito donde se coordinan los lineamientos estatales en el universo laboral que se modificarán con la Reforma. El Gobierno solo lo convocó en tres oportunidades —dos de ellas virtuales— desde diciembre de 2023.
¿Qué es lo que denuncian estas siete provincias y qué se proponen impulsar para frenar los efectos de la Reforma Laboral en sus territorios? El eje del conflicto es el intento de centralizar el registro laboral en ARCA mediante un artículo de la reforma. Lo consideran un golpe al federalismo y un vaciamiento de las autonomías provinciales.
Bajo el argumento de simplificación, el artículo 20 modifica el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, estableciendo que la registración ante ARCA será suficiente, sin que pueda exigirse otro requisito por autoridad distinta. En los hechos, elimina la obligación de llevar el libro especial rubricado con detalle de nómina, remuneraciones, asignaciones y demás datos laborales.
“¿Cómo van a controlar las provincias si no hay obligación de llevar libros de registro, sueldos y jornales? ¿Qué clase de contrato fue registrado en ARCA? Y si tuvo modificaciones en categoría, funciones, remuneración, horarios: ¿dónde constan?”, cuestionan desde uno de los ministerios involucrados ante la consulta de El Cronista.
También advierten que se ponen en riesgo instrumentos de recaudación derivados de multas, rúbricas y tasas.
El plan de máxima es impulsar leyes espejo que repliquen a nivel local las constancias que la ley nacional desdibuja. De mínima, avanzar con controles posibles —no todas cuentan con herramientas digitales— mientras evalúan presentar cautelares apenas la norma entre en vigencia.
De movida, las autoridades de fiscalización de las siete provincias tienen ya previsto iniciar los diálogos técnicos desde este lunes, aun cuando el Senado no haya dicho la última palabra respecto a la ley. La pelea, en cualquier caso, ya se trasladó del recinto al territorio.