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Mientras el Gobierno avanza en su idea de “modernizar” la legislación laboral y trabaja con un borrador que está circulando entre funcionarios, empresas y sindicatos, otros países en la región ya efectuaron modificaciones a sus leyes, algunas en tono de flexibilización y otras presentadas como mejoras para los trabajadores.
En el país, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), vigente desde mediados de los 70, convive con convenios colectivos que no se han actualizado desde esa época, mientras que otros —como el de la construcción, en manos de la UOCRA— incorporaron cambios para adaptarse a nuevos modelos productivos.
En ese sentido, muchos dirigentes sindicales señalan que el objetivo de Javier Milei es quitarles poder al desarmar, entre otros puntos, la negociación colectiva por rama o sector, tal como funciona en la actualidad.
Mientras tanto, en el borrador oficial se apunta a modificar criterios de registración, licencias, formas de pago y organización de la jornada.
Se menciona, por ejemplo, que el salario “podrá satisfacerse en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera”, o que las convenciones colectivas podrán incluir “banco de horas”, un sistema que permitiría compensar picos y valles de actividad sin generar horas extras automáticas.
En paralelo, el Poder Ejecutivo observa la experiencia regional como parte del diagnóstico previo a la discusión local.
Brasil, Uruguay, Chile y México pasaron en los últimos años por reformas profundas que cambiaron reglas de jornada, negociación colectiva, contratación y seguridad social.
El recorrido muestra tensiones comunes y adelantan las que podrían suceder en Argentina: gobiernos que buscan flexibilizar o simplificar procesos, sindicatos que advierten retrocesos en derechos y empresas que reclaman más previsibilidad para contratar.
Brasil: una reforma que dividió al país
La reforma laboral aprobada en 2017 bajo el gobierno de Michel Temer fue una de las más amplias de la región. Modificó más de cien artículos y habilitó acuerdos individuales en temas antes reservados a la negociación colectiva.
También redefinió la jornada y abrió la puerta al trabajo intermitente. En ese debate, Temer aseguró que la reforma generaría “más empleos, más oportunidades y más seguridad jurídica”.
Desde la oposición, la entonces senadora Gleisi Hoffmann lideró las protestas como presidenta del PT. “No es una modernización: es una retirada de derechos que estaban consagrados”.
En algún momento del debate, cuando se trataba una modificación al estatuto rural llegó a decir que se estaba “retrocediendo en el tiempo, legalizando el trabajo esclavo"
El primer año posterior a su implementación mostró un aumento del trabajo independiente y del empleo informal, mientras que el empleo registrado tardó más en reaccionar.
Según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, el número de contratos intermitentes creció pero representó menos del 1% del empleo formal total.
Uruguay: cambios en negociación colectiva y conflictividad
En Uruguay, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, el Parlamento aprobó la Ley de Urgente Consideración (LUC) en 2020, que incluyó capítulos vinculados al trabajo.
El texto modificó alcances de la negociación colectiva y reguló derechos vinculados a piquetes y ocupación de lugares de trabajo.
Por ejemplo, se aseguró que los empleados no huelguistas pudieran entrar a sus lugares de trabajo.
En su defensa, Lacalle Pou afirmó se buscó equilibrar derechos y responsabilidades, dando previsibilidad a trabajadores y empleadores, pero desde el PIT-CNT, el secretario Marcelo Abdala sostuvo que la LUC introdujo “normas que restringen la acción sindical y pueden afectar la negociación”.
La central obrera y el Frente Amplio, por ese entonces en la oposición, impulsaron un referendum para impugnar más de 135 artículos de la Ley. El resultado fue ajustado en favor del Gobierno, por lo que la ley mantuvo su vigencia.
Si bien la reforma no alteró la jornada habitual de 44 horas semanales, los informes del Ministerio de Trabajo uruguayo muestran que la conflictividad bajó en los sectores donde se ajustaron los mecanismos de prevención y resolución de disputas, aunque las centrales sindicales mantienen críticas a los cambios.
Chile: reducción de jornada y marcos más flexibles
Chile aprobó en 2023 una de las reformas más relevantes de la región: la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
La ley permite sistemas de distribución flexible, semanas comprimidas y jornadas de cuatro días.
El presidente Gabriel Boric la presentó como “una modernización que mejora la calidad de vida sin afectar la productividad”.
Desde el gremio empresarial, la CPC advirtió en el debate legislativo que “una transición acelerada” podía “generar costos adicionales significativos para las pymes”.
Este caso es especialmente observado por el Gobierno argentino, ya que en el borrador local aparece la posibilidad de que las convenciones colectivas adopten el “banco de horas”, un esquema que Chile también habilitó dentro de sus opciones de distribución semanal, y que permite promediar horas sin superar máximos legales.
México: libertad sindical y nuevas reglas de negociación
México aprobó en 2019 una reforma que transformó su sistema de relaciones laborales para adecuarlo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la medida buscaba “garantizar elecciones libres y transparentes en los sindicatos”. La Confederación Patronal (Coparmex), en cambio, señaló que algunos aspectos “aumentarán la litigiosidad laboral en el corto plazo”.
La reforma también creó un Centro Federal de Conciliación y habilitó mecanismos de votación secreta para acuerdos colectivos.
Sus efectos iniciales mostraron una caída en los tiempos de tramitación de despidos y conflictos individuales, aunque aumentó la revisión de convenios a pedido de trabajadores.
