El fallo considerado “histórico” en la Corte de Apelaciones de Nueva York que revocó la condena de u$s 16.100 millones contra Argentina no es el final del litigio. El fondo que compró el juicio y sostuvo la demanda durante más de una década, Burford Capital, tiene abiertas dos vías: insistir en los tribunales estadounidenses o derivar el reclamo hacia el arbitraje internacional en el CIADI, según anticipó el viernes.
La decisión de la apelación confirmó la desestimación de todos los reclamos contra YPF. La compañía destacó que el tribunal confirmó la decisión de primera instancia que desestimó en su totalidad los reclamos y ratificó que no tiene responsabilidad en el caso.
Para entender qué puede hacer Burford, primero hay que entender qué fue lo que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de NY le cuestionó a la jueza de primera instancia Loretta Preska, que en 2023 había condenado a Argentina a pagar u$s 16.100 millones.
Los jueces Denny Chin y Beth Robinson revocaron por mayoría el fallo por dos razones. La primera, que el compromiso de Argentina de realizar una oferta pública de adquisición (OPA) no era jurídicamente exigible por los accionistas.
La segunda, que las demandas, aunque no cuestionaban la expropiación en sí, estaban lo suficientemente relacionadas con la expropiación de YPF como para que debieran haberse presentado en el proceso de compensación en Argentina. Y ese proceso, reconoció el propio tribunal, estaba mal diseñado para dar a los inversores el beneficio prometido en los estatutos.

El fallo liberó a Argentina de la condena, pero no cerró el debate: reconoce el incumplimiento, pero limita las vías para reclamarlo en ese fuero. El juez José Cabranes votó en disidencia. Sostuvo, entre elogios al trabajo de Preska, que los estatutos sí constituían un contrato exigible y que la opinión mayoritaria minimiza, si no olvida, las realidades fácticas del caso.
Esa disidencia es el punto de apoyo que Burford intentará usar en las instancias siguientes: si un juez del propio tribunal cree que la mayoría se equivocó, hay materia para seguir peleando.
El primer obstáculo
Antes de poder llegar a la Corte Suprema, Burford debe agotar una instancia previa. Los demandantes tienen 14 días para presentar un pedido de revisión en banc. Esto implica que el caso sea revisado por todos los jueces del Segundo Circuito y no solo por el panel de tres que emitió el fallo.
Pero el fondo ya planteó en su comunicado que estadísticamente la Corte rara vez concede tales solicitudes. Los tribunales de apelaciones tienden a respaldar a sus propios paneles salvo que haya una contradicción flagrante con jurisprudencia anterior.
“Aunque rara vez la totalidad de los jueces aceptan este pedido, este juicio es muy particular y tuvo una decisión 2-1. Si los jueces aceptan, el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”, planteó el especialista Sebastián Maril, de Latam Advisors. A los 14 días de presentación le suma que hay un tiempo estimado de respuesta de 20 a 45 días.
El segundo obstáculo
Si el pedido en pleno fracasa, Burford puede presentar una petición de certiorari ante la Corte Suprema, el mecanismo formal por el cual el máximo tribunal decide si acepta revisar un caso. La Corte no está obligada a tomar ningún asunto: elige discrecionalmente y rechaza la gran mayoría de los pedidos cada año.
Hay un antecedente que le juega en contra a Burford. Quienes siguen los casos judiciales recuerdan que en 2019, cuando Argentina solicitó que la Corte Suprema interviniera en este mismo caso para discutir la jurisdicción bajo la FSIA, la Corte rechazó el certiorari sin dar explicación. Es decir, ya tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre este litigio y eligió no hacerlo.

Para que la Corte tome un caso, por lo general necesita que exista un conflicto entre tribunales de apelaciones o una cuestión federal relevante aún no resuelta, explican quienes conocen los procedimientos del máximo tribunal en los Estados Unidos. En este fallo no existiría ese conflicto: ningún otro tribunal resolvió en sentido contrario, y el que existía previamente quedó disuelto con esta decisión.
Burford podría intentar argumentar que el fallo perjudica a los mercados de capitales internacionales y lo calificó como un abandono notable de los derechos de los accionistas minoritarios. Desde el otro lado, YPF sostuvo que la decisión consolida su posición y reiteró que ha actuado conforme a derecho en todo el proceso.
Pero a ese argumento se enfrenta lo que los especialistas marcan como una “tendencia clara” de la Corte actual: en sus últimas decisiones en materia de soberanía extranjera, el tribunal acotó las excepciones a la inmunidad, no las amplió. El fallo que ahora favorece a Argentina va en esa dirección.
Sobre este punto, Maril agrega que los jueces supremos “entran en receso el 31 de julio y regresan la primera semana de octubre”. Si el pedido de revisión se presenta antes de julio, podría haber “una respuesta la Corte en diciembre. Si rechaza el caso, las vías legales en EEUU se habrán agotado. Si acepta revisar el caso, se espera una respuesta para julio 2027″.
La alternativa: el CIADI, un viejo conocido
Si el camino judicial en EE.UU. se cierra, Burford tiene otro carril. El propio fondo lo anticipó: podría iniciar un arbitraje de inversión contra Argentina. Esa vía lleva al CIADI, el tribunal de arbitraje entre inversores y Estados que está bajo la órbita del Banco Mundial.
Se puede recurrir al Ciadi sin haber agotado las instancias en Nueva York, plantea Maril, que sobre los tiempos señala “la denuncia seguramente será presentada antes de lo previsto”.
No sería la primera vez que el CIADI aparece en la historia de YPF. Cuando el gobierno de Cristina Kirchner expropió el 51% de la petrolera en 2012, Repsol presentó una demanda alegando una expropiación discriminatoria. El monto reclamado inicial era de u$s 10.500 millones.
El caso nunca llegó a un laudo: en 2014 se cerró con un acuerdo político por unos u$s 5000 millones en títulos de deuda argentina y el fin de todos los litigios cuando el ministro de Economía era Axel Kicillof.
Quienes conocen el CIADI señalan que no existe la “cosa juzgada” -que frenaría la posibilidad de volver sobre el tema- y puede haber un tecnicismo abierto porque no hubo un fallo sobre la cuestión de fondo sino que fue una definición por acuerdo. El tribunal tiene la particularidad de que rara vez falla a favor de un país y las demandas terminan sembrando el terreno para acuerdos entre las partes por los diferendos.

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Un punto clave está en la letra chica del acuerdo de 2014. Allí podría haber un waiver o cláusula de renuncia a futuras acciones, como es habitual en estos casos según explican los especialistas.
En ese momento, en tanto, Petersen y Eton Park no eran parte de ese acuerdo y el antecedente de Repsol podría no bloquear una nueva demanda y hasta ser usado como referencia de cómo se resolvió un conflicto similar.
“Desde hace tiempo contamos con King & Spalding, reconocida consistentemente como la firma de arbitraje líder en el mundo, trabajando en este camino a seguir”, indicó Burford el viernes tras el fallo y aclaró que el litigio en EE.UU. nunca fue la única vía, según explicó su CEO, Christopher Bogart.
Ante una presentación en el CIADI tendría consecuencias distintas a las del juicio en Nueva York, el demandado sería el Estado argentino y el arbitraje podría durar entre cinco y diez años. En cuanto al impacto sobre YPF, desde el Gobierno destacaron que el fallo del viernes despeja las dudas para los proyectos de la petrolera.
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