El fondo que impulsaba el litigio contra Argentina por la expropiación de YPF presentó los resultados financieros del primer cuatrimestre.
Allí, Burford Capital dio cuenta de pérdidas contables por u$s 2437 millones en activos vinculados al litigio por la petrolera, luego de que la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York rechazara la sentencia de la jueza de primera instancia de ese distrito, Loretta Preska, que ordenaba a Argentina a pagar u$s 16.000 millones más intereses.
Toda la pérdida de ingresos registrada en el primer cuatrimestre por el grupo (por u$s 1720 millones) fue explicada por la pérdida en activos vinculados a YPF, que fue levemente compensada por otros ingresos al fondo.
El impacto contable se da porque reflejaron la pérdida de la apelación y actualizaron su modelo de valoración para tener en consideración el mayor tiempo que llevará uno de los pasos que planean seguir, como lo es el arbitraje internacional.
Tras la derrota además reevaluaron los activos relacionados a la empresa a u$s 93 millones en las operaciones vinculadas a Burford, lo que derivó en un impacto neto de u$s 1476 millones en la utilidad neta del buffet.
“Si bien la pérdida de YPF fue decepcionante y generó un cargo no monetario muy importante en nuestras ganancias trimestrales, no tiene ningún impacto en efectivo. De hecho, si YPF no paga ni un centavo más, aún habremos generado u$s 236 millones en ingresos en efectivo y más de u$s 100 millones en ganancias derivadas del caso, y somos optimistas respecto a un resultado favorable del arbitraje”, dijo el CEO de Burford, Christopher Bogart.
El fondo tiene dos opciones definidas por delante. Por un lado, este viernes presentarán el pedido de revisión en banc ante la Cámara de Apelaciones.
El movimiento es casi una formalidad ya que mantienen bajas expectativas de que se haga lugar a su reclamo. Tanto es así que en su presentación ante los inversores anticiparon que si se rechaza el pedido de revisión, van a solicitar el recurso para apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
“Si bien nosotros y muchos expertos legales consideramos que la decisión del Segundo Circuito fue problemática en varios aspectos, la probabilidad de obtener una resolución favorable en los tribunales estadounidenses es baja desde un punto de vista estadístico”, informaron desde Burford.
La otra alternativa es ir a un arbitraje internacional, convocando los acuerdos bilaterales de inversión firmados en los 90, entre los que se incluye el de Argentina y España. Dado que Petersen tiene sede allí, Burford considera que este podría convocarse. Lo mismo ocurre con el firmado entre Argentina y Estados Unidos, donde Eton Park tiene su sede.
El proceso de arbitraje, advirtieron a sus inversores, dura varios años. En el caso del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) la duración promedio es de más de 4 años.
Sin embargo, convocan a su favor las sentencias contrarias que recolectó Argentina.
“Es totalmente posible alcanzar el mismo resultado que en un tribunal estadounidense; el 86% de las 51 demandas arbitrales entre inversionistas y Estados presentadas contra Argentina se han resuelto a favor del inversionista, y el 97% de todos los laudos del CIADI se resuelven satisfactoriamente”, anunciaron a inversores.
En este sentido, convocaron un caso previo que tuvieron contra Argentina por la expropiación de dos líneas aéreas, Aerolíneas Argentinas y Austral, por las que el CIADI ordenó a Argentina pagar u$s 300 millones.
También anticiparon a sus inversores que este proceso suele ser confidencial, por lo que habrá menos información disponible durante el proceso.
“El arbitraje suele ser un proceso confidencial y, a menos que el tribunal proceda de otra manera, es probable que los documentos y demás información arbitral no sean de acceso público y que Burford no pueda informar ni comentar sobre el estado del arbitraje mientras esté en curso”, dijeron a inversores.
A esta confidencialidad se suma que la jueza Preska permitió que el fondo use la información recolectada a lo largo de los once años que duró el juicio en Nueva York para nuevos litigios, algo que se había ratificado hace seis años que no sería posible. La información, de todas maneras, permanecerá con su carácter confidencial y será solo accesible para las partes involucradas.
Sin embargo, se anticiparon a posibles efectos financieros.
“Dado el valor considerablemente reducido de los activos relacionados con YPF, ya no tenemos intención de proporcionar información financiera específica de YPF a menos que dichos activos vuelvan a tener relevancia financiera individual. Tampoco seguiremos proporcionando información financiera sobre el negocio de Burford, excluyendo YPF, salvo en la medida necesaria para comprender la información financiera histórica”, aportaron.
Desde la Procuración del Tesoro aseguraron que el intento de recurrir al CIADI es un movimiento improcedente para revivir un reclamo que ya fue rechazado en Estados Unidos.
“Burford informó su intención de promover un arbitraje internacional ante el CIADI. Esa alternativa, que ya había sido pretendida por los demandantes en 2015, fue posteriormente abandonada por decisión de los propios actores, quienes optaron por litigar exclusivamente ante los tribunales de Nueva York. El intento de reabrir ahora esa vía constituye un nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por pretender revivir, sin credibilidad alguna, un reclamo que ya fue rechazado de manera contundente por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito”, dijeron desde la Procuración.