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El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se reunirá este jueves con un grupo de contadores para conversar sobre las dudas que genera la Ley de Inocencia Fiscal entre los especialistas.
“Vamos a tener una reunión con los contadores el jueves para ver cuáles son las cosas que eventualmente ellos ven que pueden mejorarse”, dijo el titular del Palacio de Hacienda en una entrevista.
Caputo reconoció que existen dudas en torno al plan para que los contribuyentes saquen los dólares del colchón. “Hay un montón de gente que tiene dudas”, señaló, e incluyó explícitamente a los contadores dentro de ese grupo.
Según pudo saber El Cronista, fueron convocados al menos cuatro especialistas, aunque no se descarta que la lista de asistentes sea más amplia. Uno de ellos confirmó en off the record que el eje de la reunión será el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), un esquema al que pueden adherirse las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país que cumplan con una serie de requisitos.
En otras palabras, el régimen es la condición sine qua non para que los contribuyentes puedan volcar sus ahorros no declarados en el sistema financiero formal.
El foco principal se centra en el parámetro de ingresos; es decir, qué implica el límite de hasta $ 1000 millones anuales. El punto es que todavía existen dudas de interpretación jurídica sobre ese cálculo.
En un encuentro realizado en la Universidad Austral, funcionarios del Ministerio de Economía señalaron que “tanto la ley como la reglamentación hablan de ingresos totales” (en referencia a ingresos brutos). Para esto se considera el período de adhesión (efecto liberatorio del pago) y cada uno de los tres períodos fiscales anteriores (presunción de exactitud), sin que los montos sean acumulables entre sí.
Los especialistas consideraban necesario que esta aclaración quedara, al menos, plasmada en el dictamen de la Ley de Inocencia Fiscal, cuya difusión está a cargo de la Dirección Nacional de Impuestos (DNI). Ese documento iba a publicarse antes de Semana Santa, tal como anticipó El Cronista, algo que finalmente no sucedió.
Las discrepancias significativas, parámetro que limita los beneficios del nuevo régimen, también formarán parte del temario que llevarán los contadores.
En paralelo, El Cronista consultó si se baraja la posibilidad de acercarle al ministro de Economía la preocupación por el incremento de las multas automáticas (por falta de presentación de las declaraciones juradas de IVA y del impuesto a las Ganancias) y la prórroga para presentar la Declaración Jurada Simplificada.
“Lo trataremos de incluir”, sostuvo uno de los convocados. El aumento de las sanciones (artículo 38 de la Ley 11.683 de Procedimiento Fiscal) es uno de los puntos críticos de la ley.
Por ejemplo, las personas humanas que omitan la presentación de la declaración jurada recibirán una multa de $ 220.000 (frente a los $ 200 previos). En cambio, las sociedades, asociaciones o entidades constituidas en el país deberán abonar un monto de $ 440.000, cuando antes era de $ 400.
Más allá de cualquier reclamo o sugerencia, sólo el Congreso tiene la facultad de modificar esos valores.
Por su parte, la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) le solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) “la reprogramación de las fechas previstas para la implementación del régimen de Ganancias Simplificado”.
Desde la entidad aseguraron que “el sistema puesto a disposición de los contribuyentes continúa siendo objeto de modificaciones y adecuaciones derivadas de las distintas inquietudes técnicas y operativas planteadas desde su implementación”.
En tanto, la Federación presentó ante la Subsecretaría de Ingresos Públicos una nota en la que se expusieron “diversos aspectos que requieren definición y precisión por parte de los organismos competentes”. El documeto plantea observaciones vinculadas con el alcance de los topes de ingresos, los requisitos de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias y la situación de contribuyentes que desarrollan actividades mixtas, entre otros temas.
Otro de los convocados, que participará vía Zoom, agregó que la intención es exponer “el mal funcionamiento de la web de ARCA”, cuyas fallas ocasionan reiterados inconvenientes a la hora de presentar la declaración jurada, con demoras e inconsistencias puntuales.
También reclamarán “la suspensión de ejecuciones fiscales y un nuevo plan de facilidades de pago“, entre otras cuestiones.
Más de 80.000 adheridos
ARCA informó la semana pasada que ya hay más de 80.000 adheridos al Régimen de Declaración Jurada Simplificada. Según explicaron, la tendencia se aceleró significativamente en abril, mes en el que se sumaron más de 36.000 nuevos inscriptos.
Tal como comentaron especialistas consultados por El Cronista, quienes ya se sumaron tienen tiempo hasta el momento de presentar la declaración jurada para desistir del beneficio o tramitarla directamente por el régimen general.
Por lo tanto, no necesariamente todos los inscriptos terminen presentando la Declaración Jurada Simplificada. De todas formas, dado que el vencimiento opera en junio, es probable que el mayor volumen de presentaciones se concentre a último momento.
“Como mínimo, ‘sacan la patente’ del régimen simplificado para asegurarse el derecho a usar esos dólares en el momento en que lo crean oportuno”, señaló César Litvin, contador y CEO de Lisicki, Litvin & Abelovich, en una reciente entrevista con El Cronista.