Demandan a un líder sindical por una obra social que funcionaba como caja negra

La Superintendencia de Servicios de Salud presentó una denuncia por presunta "administración fraudulenta" contra el presidente de la Obra Social de Personal Ladrillero y de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina, Luis Cáceres. La presentación se da en el marco de la intervención que el presidente Javier Milei decretó sobre la obra social del gremio, que ya tiene varias semanas y que está siendo efectuada por el normalizador Jorge Carlos Alonso.

Según pudo saber El Cronista, la denuncia concreta es por "Administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, malversación de caudales públicos y lavado de dinero", la cual está basada en informes provistos por la auditoría designada por la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Gabriel Oriolo.

La investigación consta de más de 600 páginas y fue enviada desde los equipos técnicos de la intervención hacia la SSS, quienes presentaron la denuncia que cayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal de Comodoro Py.

En la denuncia se le imputa a Cáceres la sospecha de lavado de activos y manejo discrecional de fondos públicos a favor de su propio sindicato. El texto sostiene que la OSPL financia al sindicato al pagar y mantener inmuebles ocupados por el sindicato sin documentación ni contratos, ceder más de una decena de vehículos y más de 50 celulares con sus líneas telefónicas.

Según se publicó en el Boletín Oficial al momento de la intervención de la OSPL, el pasivo prestacional registrado por las auditorías preliminares de la SSS superaba los $ 1104 millones.

La Superintendencia de Servicios de Salud viene realizando operativos y auditorías en varias obras sociales por semana. Hasta el momento, solo se llegaron a intervenir cinco entidades, siendo la OSPL una de ellas. Esta decisión solo se produce ante la presunción de serias irregularidades en el manejo de fondos públicos y de una prestación irregular en los servicios de salud para los afiliados. 

La intervención de la OSPL se efectivizó con el Decreto 912/2024, publicado en el Boletín Oficial el 18 de octubre pasado. Ese mismo día, a través de otro decreto, salió una medida idéntica para la Obra Social del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM).

A través de ese mecanismo se dispuso que ambas quedan bajo supervisión estatal por el plazo de 180 días desde esa fecha debido a "irregularidades que presentaron al momento de rendir cuentas y en la prestación de servicios". En lo que respecta a la OSPL, el Ejecutivo señaló "demoras, pérdida de turnos médicos y, en definitiva, obstaculización de su cobertura", como las principales causas de su intervención.

En los considerandos de la medida, afirman que la prestadora "continúa sin contar con canales de comunicación y de acceso a la información completos y adecuados, requiriendo actualizaciones y ampliación de información respecto a Salud Mental, Interrupción Voluntaria del Embarazo, Interrupción Legal del Embarazo, Identidad de Género, Prevención del Suicidio, Violencia de Género y Anexos".

Esto repercute, según la norma, en la imposibilidad de acceso para los beneficiarios, en su mayoría monotributistas que no están afiliados al gremio, viéndose obstaculizada la atención que deriva en reclamos telefónicos.

En síntesis, "no garantizan una adecuada y oportuna cobertura de salud a sus beneficiarios, siendo de tal magnitud que interfieren en el normal funcionamiento de la entidad", cierra el decreto.

"Entre los datos arrojados por los técnicos se encuentran una millonaria deuda prestacional, gastos administrativos muy superiores a lo establecido por la ley, cartelización en la compra de medicamentos e innumerables gastos médicos fraguados", indicaron fuentes oficiales de la SSS.

En los últimos meses, el Gobierno Nacional intervino además la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPERA), la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM) y la Obra Social de Vareadores (OSV). "El mandato del Presidente fue claro. Esto permitió delinear una estrategia de trabajo coordinada para reordenar el sistema de salud, con el objetivo de garantizar la libre competencia y la libertad de elección de los beneficiarios", afirman desde la SSS.