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Una resolución judicial obligó al Gobierno nacional a realizar en mayo el pago del Salario Social Complementario, una asistencia económica vinculada a los programas que reemplazaron al Potenciar Trabajo.
La medida impacta sobre 1.012.357 titulares del programa Volver al Trabajo y otros 260.911 que fueron transferidos al programa de Acompañamiento Social.
La Justicia confirmó el pago del Salario Social Complementario
El Ejecutivo deberá cumplir con el desembolso tras una orden judicial que le exige mantener los pagos de este ingreso, pese a los cambios impulsados en los programas sociales.
La decisión alcanza a los beneficiarios que fueron traspasados al programa “Volver al Trabajo” y al de “Acompañamiento Social”.
Según la información oficial, el monto total es de $ 72.384.624.000 y corresponde a transferencias que se acreditarán en los primeros días de mayo.
El fallo fue dictado por la Justicia federal y ordena específicamente al Ministerio de Capital Humano sostener estos pagos mientras se resuelve el conflicto de fondo sobre la reformulación de los planes sociales.
A quiénes alcanza la medida
La decisión impacta en dos grandes grupos:
- Más de 1 millón de titulares incorporados al programa “Volver al Trabajo”.
- Alrededor de 260.000 personas que integran el programa “Acompañamiento Social”.
Ambos esquemas surgieron tras la transformación del plan Potenciar Trabajo, que fue reemplazado por nuevas políticas orientadas a la capacitación y la inserción laboral.
¿De cuánto es el pago?
El monto del Salario Social Complementario no es uniforme para todos los beneficiarios, ya que depende de las condiciones del programa. Sin embargo, corresponde a una prestación mensual que había quedado en revisión tras los cambios en la política social.
Al momento, no confirmaron de manera oficial cual será la cifra definitiva, pero se estima que el monto rondará entre los $ 78.000.
Qué pasará con los programas sociales
Desde el Ministerio de Capital Humano ya apelaron la medida judicial, lo que abre un escenario de incertidumbre hacia adelante.
El Gobierno busca avanzar con un nuevo esquema basado en capacitación laboral y menor asistencia directa, pero la cautelar vigente obliga, al menos por ahora, a sostener el pago del beneficio.
El pago de mayo responde a una orden judicial puntual y no implica necesariamente la continuidad del programa en los mismos términos a futuro.