Después de más de una década, Estados Unidos retiró a la Argentina de su “Priority Watch List” y la ubicó ahora en la “Watch List”, una decisión que refleja una mejora en su evaluación sobre protección de la propiedad intelectual a raíz de avances en materia normativa y cooperación bilateral.
La decisión, incorporada en el informe Special 301, se vincula principalmente con la firma en febrero de este año del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproca (ARTI, por sus siglas en inglés) entre ambos países. Según el documento, el convenio implicó compromisos concretos por parte de Argentina “que beneficiarán a innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la lucha contra el robo de IP”.
Entre las medidas, se destacó el avance en tratados internacionales y en la resolución de problemas históricos señalados por Washington. El informe enumeró algunas acciones, como el fortalecimiento de la persecución penal, con “multas más elevadas y penas de prisión para la falsificación por redes criminales”, la ampliación de controles fronterizos y la creación de un organismo de coordinación entre agencias de aplicación.
También se incluyeron iniciativas para mejorar el sistema de patentes, como la elaboración de informes sobre la demora en su otorgamiento y la reducción de los tiempos de tramitación, además de nuevas herramientas civiles contra la piratería.
Un punto clave fue el cambio en el régimen de patentes farmacéuticas. En marzo de 2026, Argentina eliminó restricciones consideradas excesivas, un movimiento que fue “un paso importante” dentro de los compromisos asumidos en el acuerdo comercial.
El convenio sumó cláusulas sensibles para Estados Unidos, como la garantía de acceso al mercado para productos como quesos y carnes. En ese sentido, el país se comprometió a que “el acceso no será restringido por el uso de determinados términos” y a mejorar la transparencia en el tratamiento de indicaciones geográficas.
Desafíos
Pese a la mejora en la calificación, el informe advirtió que persisten problemas estructurales. “La aplicación de los derechos de propiedad intelectual en Argentina sigue siendo un desafío, tanto en mercados físicos como online”, señalaron.
Entre los puntos críticos, se mencionan los mercados informales como La Salada y el Barrio Once, que volvieron a ser identificados como centros notorios de falsificación. Si bien en 2025 se realizaron más de 60 allanamientos simultáneos con múltiples detenciones, las autoridades estadounidenses remarcaron que las acciones suelen ser limitadas y las condenas “raramente alcanzan niveles disuasivos”.
En el plano digital, la piratería también sigue en aumento. El informe reconoció operativos relevantes, como el desmantelamiento del servicio ilegal de IPTV Magis TV Pro, pero advierte que “la piratería online continúa creciendo pese a estos esfuerzos”.
Otro problema radica en la lentitud del sistema de patentes. Aunque el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) redujo el stock de solicitudes, los tiempos de procesamiento siguen siendo elevados, con demoras promedio de entre seis y siete años.
Seguimiento de Washington
Estados Unidos anticipó que continuará monitoreando la implementación de los compromisos asumidos por la Argentina en el marco del ARTI. Al mismo tiempo, instó a profundizar reformas, como el endurecimiento de sanciones penales, la mejora en la coordinación institucional y el avance de una estrategia nacional integral contra la falsificación y la piratería.
El cambio de estatus representa una señal positiva en la relación bilateral, aunque no deja exento al país de enfrentar desafíos importantes para consolidar un sistema de protección de propiedad intelectual alineado con los estándares internacionales.
La respuesta del sector privado
Desde la cámara que nuclea a los laboratorios CAEME valoraron la reclasificación de la Argentina en el Reporte Special 301, que “por primera vez en casi 30 años la sacó de la Priority Watch List y la ubicó en la Watch List".
La entidad destacó que se trata de “una señal positiva” que reconoce avances recientes en propiedad intelectual, en particular la derogación de las resoluciones que establecían criterios restrictivos para la patentabilidad de invenciones químico-farmacéuticas. Según señalaron, este cambio “representa un paso relevante en la dirección correcta” y muestra que el país puede recuperar previsibilidad y seguridad jurídica con reglas alineadas a estándares internacionales.
En ese sentido, subrayaron que la nueva normativa restituyó al INPI la capacidad de evaluar solicitudes caso por caso bajo criterios legales, lo que “fortalece el sistema, promueve la inversión y genera mejores condiciones para la investigación”.
Además, remarcaron que Estados Unidos seguirá monitoreando compromisos asumidos, como la eventual adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y el análisis sobre protección de datos clínicos.
Sobre el PCT, destacaron que es una herramienta que “simplifica y ordena la presentación internacional de solicitudes” sin modificar los estándares locales, y que permite una vía más eficiente para proteger desarrollos tanto en el país como en el exterior.