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El Consejo Federal de la Construcción se reunió y declaró que “la infraestructura está en emergencia". En medio de un fuerte reclamo al Gobierno por la parálisis de obras, le pusieron número a la pérdida económica que genera la falta de mantenimiento de rutas y caminos.
“Argentina pierde u$s 25.000 millones de dólares al año por la falta de mantenimiento adecuado”, plantearon desde la Cámara Argentina de la Construcción y las filiales provinciales. Esto es más que los u$s 16.000 millones que se deberían pagar, por ejemplo, por el juicio por YPF, donde el tribunal de alzada resolvió en favor de Argentina.
La cifra también es comparable con el total de exportaciones de la industria durante el año pasado. Las ventas al exterior en el rubro manufacturas de origen industrial marcaron poco más de u$s 23.000 millones en 2025.
“Manifestamos nuestra preocupación por la emergencia que atraviesa la infraestructura. La falta de mantenimiento, la paralización de obras y la ausencia de un plan integral han generado una deuda de infraestructura que compromete la seguridad vial, la competitividad logística y la calidad de vida de la población”, plantearon desde el Consejo Federal de Camarco.
La semana pasada, en una presentación ante el Atlantic Council en Estados Unidos, el ministro de Economía Luis Caputo reconoció que falta la pata logística y aseguró que se harán 12.000 kilómetros de rutas más. “En dos años más la logística en la Argentina va a ser totalmente diferente”.
Desde el sector privado enfatizaron que “sin infraestructura, no habrá crecimiento ni desarrollo sostenible”. Y recordaron que “la OCDE ha señalado con claridad que la falta de inversión en infraestructura es uno de los principales problemas estructurales de la Argentina. Sin resolver este déficit, el país no podrá integrarse competitivamente al comercio internacional ni sostener un proceso de crecimiento de largo plazo”.
Las empresas enfatizaron que hay 30.000 kilómetros de rutas que no son concesionales. “El inicio del sistema de concesiones viales como un paso positivo hacia la modernización del sector”, reconocieron, pero remarcaron que “aún falta mucho trabajo por hacer para que estos mecanismos se traduzcan en mejoras efectivas de la red vial”.
Deuda pendiente
Por otra parte, la Cámara puso el foco en la deuda pendiente. Así como los exportadores enfatizaron que el Gobierno les debe 8 meses de reintegros, lo que le permite a Economía sostener en parte el resultado fiscal positivo, desde la Construcción plantearon que “continúa sin resolverse la deuda histórica del Estado Nacional con las empresas constructoras”.
“La falta de definición sobre el bono anunciado para su cancelación genera incertidumbre y agrava la crisis financiera del sector. Cada día de demora implica más empresas al borde del colapso y más empleos en riesgo”, agregaron sobre la realidad sectorial.
Las propuestas del sector privado
El Consejo Federal dejó un punteo sobre las políticas que deberían llevarse adelante. Esto incluye:
• Reactivación inmediata de las obras paralizadas.
• Reconocimiento y cancelación de la deuda del Estado con las empresas constructoras.
• Normalización de la ejecución de fondos específicos, como los destinados al Sistema Vial Integrado(SISVIAL) o el Fondo Hídrico.
• Un programa federal de infraestructura que abarque rutas, ferrocarriles, puertos, energía, agua y saneamiento.
• Mecanismos mixtos de financiamiento que integren al sector privado.
• Promoción de las medidas necesarias para activar un programa de créditos hipotecarios acordes a la capacidad adquisitiva del conjunto de las familias.
• Políticas de transparencia y eficiencia en la ejecución de obras.
• Promoción del empleo formal y la capacitación en oficios vinculados a la construcción.