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El Senado de la Nación, en una nueva avanzada opositora, insistió sobre dos leyes vetadas del presidente Javier Milei tras el histórico rechazo al veto de Discapacidad. En esta oportunidad, sancionaron la ley que declara la Emergencia sanitaria en Pediatría, con foco en sanear la problemática del Hospital Garrahan, yque garantiza el Financiamiento Universitario.
En ambos casos sobraron los dos tercios requeridos. Para el caso de Pediatría, el Senado insistió con 59 votos afirmativos, 7 negativos y 3 abstenciones de los senadores que responden a Mauricio Macri, quien mandó el pedido de no votar contra el Gobierno. En Universidades, hubo 58 votos afirmativos, 7 negativos y 4 abstenciones, a la que se sumó la radical Carolina Losada, quien se abstuvo esta vez en vez de votar en contra.
Los tres amarillos que se abstuvieron fueron Alfredo Di Angeli, María Victoria Huala y Martín Goerling Lara; el resto votó a favor de insistir. Por otra parte, estuvieron ausentes fueron Antonio Rodas del PJ, la chubutense Edith Terenzi y la libertaria Vilma Bedia. Los únicos que votaron en contra y sostuvieron el veto, nuevamente en soledad, fueron los 6 de La Libertad Avanza presentes, sumado a Francisco Paoltroni, el exlibertario que volvió a aliarse con el Gobierno, y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.
Desde el Gobierno ni siquiera intentaron evitar la derrota, puesto que la muñeca política en el Senado ya se volvió impracticable. De todos modos, un aliado del oficialismo le confió a El Cronista que hubo una conversación con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la que le plantearon la posibilidad de que el Presidente saque un decreto anulando el veto para evitar la masacre. El ministro coordinador, según la fuente, habría prometido hablarlo con Milei pero nunca hubo respuesta.
El Gobierno tiene como precedente que, al primer veto rechazado en materia de Discapacidad, definió suspender la ejecución de la ley con su reglamentación. El tema no escapó la sesión, ya que además aprobaron una resolución impulsada por el radical Martín Lousteau, con apoyo del peronismo que comanda José Mayans, para reclamar que Francos dé cumplimiento al artículo 9 de la ley 27.793 para reasignar las partidas presupuestarias. Tuvo 54 votos afirmativos y 6 negativos.
El proyecto de resolución rechaza el decreto 681/2025 que promulgó y suspendió la ley y le reclama al jefe de Gabinete "efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias para asegurar el financiamiento".
"Esta disposición dista de ser inusual", esboza el documento. Dentro de los argumentos, observan que la Reforma del Régimen Penal Juvenil que envió el Gobierno el año pasado tampoco contaba con una fuente de financiamiento y que por la ausencia del presupuesto nacional actualizado las partidas se asignan discrecionalmente.
Esto fue lo que desencadenó la iniciativa en la Cámara de Diputados para avanzar hacia una moción de censura contra el ministro coordinador. La oposición buscará pedir un emplazamiento para tratar una primera interpelación con este fin en una próxima sesión, que sería el próximo miércoles 8 de octubre.
El precedente que dejó el Gobierno Nacional en su decreto de promulgación avecina a repetirse para estas dos leyes insistidas. Por caso, una de las cuestiones que toca la normativa es el sistema de becas para las residencias que dispuso el ministro Mario Lugones. "Hay que ver cómo se va a reglamentar", advierten desde la cartera.
En el caso de Discapacidad, la Nación determinó suspender la ley por no contar con una fuente de financiamiento y le otorgó un aumento presupuestario a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para atender solamente a uno de los puntos de la ley: la actualización de los nomencladores.
Qué se promulga
La ley de emergencia en salud pediátrica busca para recomponer los salarios del personal y asignar recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, mantenimiento, medicamentos, tecnologías y más. La ley también deroga la resolución 2.109/25 de Lugones, que modifica el esquema de becas para las residencias.
Por otra parte, la ley de Financiamiento Universitario plantea la recomposición presupuestaria por Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el período comprendido entre el 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 y, además, la actualización bimestral del 2025 para los gastos de funcionamiento de las universidades públicas.
También establece que el Poder Ejecutivo deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades desde diciembre del 2023 hasta la fecha de sanción en un porcentaje que no sea inferior al IPC acumulado de ese período e insta al PEN de convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria que no puede exceder los 3 meses y asegurando una actualización mensual no menor a la inflación.