En el fin de ciclo se suelen destapar las máscaras del poder. Y eso es lo que está pasando con el kirchnerismo, que ha sacado en estos años un beneficio brutal de confundir al Estado con el Gobierno. El presupueso nacional, las empresas públicas y los privilegios de la burocracia estatal han sido utilizados a piacere por la Presidenta y por muchos dirigentes K. Por eso, es interesante evaluar como se están moviendo los funcionarios que están a cargo de algunos de los organismos clave en la Argentina.


El Cronista publica hoy dos artículos, con firma de los periodistas David Cayón y Bernardo Vázquez, que anticipan los planes futuros del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y de la jefa de la Procuración General de Justicia, Alejandra Gils Carbó. Echegaray asegura que en diciembre pondrá su renuncia a disposición del próximo presidente, aunque tiene un año más de mandato. Una decisión saludable, más allá de que su deseo sea permanecer en el cargo por otros cuatro años si el triunfador es Daniel Scioli.


Muy diferente parece ser el caso de Gils Carbó. La jefa de los fiscales ha bajado su perfil confrontativo desde la muerte sospechosa del fiscal Alberto Nisman, pero su objetivo es quedarse en el cargo a cualquier costo. Sólo podrían removerla con el voto mayoritario del Congreso, algo que será difícil de conseguir para un opositor. Sería un paso adelante para la democracia que también los jefes del Banco Central, la UIF o el AFSCA permitan que el próximo presidente defina los nombres y las políticas de Estado.