El Gobierno avanza en la acusación por violación de la Ley Antiterrorismo contra la imprenta Donnelley, a la que la presidenta Cristina Kirchner vinculó con los fondos buitre y cuya quiebra, según el Gobierno, es fraudulenta y tiene por objetivo “alterar el orden económico”.
La denuncia fue presentada por la AFIP y quedó a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien deberá dar vista a la fiscalía a cargo de Patricio Evers para que elabore un dictamen que determine si corresponde impulsar la investigación y ordene eventualmente medidas de prueba.
Rafecas es el juez que tenía a su cargo la investigación del caso Ciccone y que el vicepresidente Amado Boudou logró apartar de la causa cuando cargó también contra el entonces procurador Esteban Righi, a quien forzó a irse del Gobierno. Esa investigación recayó luego en el juzgado de Ariel LIjo, que tiene procesado al vicepresidente.
La denuncia de la AFIP contra Donnelley es por infracción del artículo 309 inciso 1 de la ley 26733 (Ley Antiterrorismo).
Ese artículo establece:
“Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, multa de dos a ocho veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”.
“En igual pena incurrirá quien captare ahorros del público en el mercado de valores o prestare servicios de intermediación para la adquisición de valores negociables, cuando no contare con la correspondiente autorización emitida por la autoridad competente”.
“El monto mínimo de la pena se elevará a dos años cuando se hubieran utilizado publicaciones periodísticas, transmisiones radiales o de televisión, Internet, proyecciones cinematográficas, colocación de afiches, letreros o carteles, programas, circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro procedimiento de difusión masiva”.
Anoche Cristina apuntó ayer contra el influyente fondo de inversión BlackRock, que tiene vínculos con el titular del holdout NML, Paul Singer, por considerar que está detrás de la quiebra solicitada por la Donnelley, que implica unos 400 despidos.
BlackRock es el principal gestor mundial de fondos de inversión, con activos por u$s 3,6 billones, y se presentó ante la Corte de Apelaciones de Nueva York para entregar un escrito a favor de la Argentina y en contra del fallo del juez Thomas Griesa. La Presidenta vinculó a Donnelley con el titular del fondo NML, Paul Singer, que había transferido parte de sus acciones al fondo de inversión BlackRock, accionista en la empresa gráfica.